Ante la alarmante cifra de casos de actos de corrupción en el sector público. La congresista Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) presentó un proyecto de ley que propone sancionar a funcionarios y servidores públicos por perjuicio económico a las instituciones públicas.
De acuerdo a la parlamentaria esta iniciativa busca que alcaldes, gobernadores regionales o funcionarios que generen un perjuicio económico a las instituciones que gestionan o donde laboran reciban una sanción.
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«Por ejemplo, hay alcaldes que despiden trabajadores para contratar a otras personas y pagar favores de campaña, pero luego los trabajadores despedidos van al Poder Judicial y logran su reposición e indemnización, lo cual genera un gasto innecesario. Además, muchas veces este pago y reposición se da en la gestión de otro alcalde», dijo Cortez en diálogo con la Agencia Andina.
Asimismo, la legisladora aseguró que su iniciativa no tiene nombre propio, porque no es contra ninguna persona o autoridad en particular, sino que busca evitar situaciones que terminen perjudicando a las instituciones públicas, considerando que el Perú es un país con recursos económicos limitados.
En ese sentido, dijo sentirse sorprendida por la reacción y críticas negativas del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón hacia su propuesta legislativa.
Según el proyecto de ley, los funcionarios y servidores públicos que «deliberadamente, por sus gestiones y decisiones, perjudiquen económicamente a las instituciones públicas», se les sancionará con el pago del monto que constituya el perjuicio económico a la entidad, pena privativa de libertad, conforme lo dispuesto en el artículo 189-A del código penal, e inhabilitación para ejercer cargos públicos
Proceso
Para sancionar a los funcionarios públicos, la Contraloría General de la República, previa denuncia, será la encargada de cuantificar el perjuicio económico a las instituciones públicas, para lo cual emitirá el informe correspondiente que luego se enviará a la Procuraduría General del Estado (PGE).
La PGE deberá presentar una denuncia ante el Ministerio Público si encuentra elementos de convicción que acrediten la comisión de un delito.
Finalmente, el Ministerio Público deberá investigar la denuncia y, si encuentra mérito, formular requerimiento fiscal contra el funcionario público.
Posteriormente, el juez competente deberá resolver el requerimiento fiscal.
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