La crisis registrada durante las Elecciones Generales 2026 escaló al ámbito judicial. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto. En ella también se incluye a otros funcionarios y representantes de una empresa privada, por presuntas irregularidades que afectaron el desarrollo de la jornada electoral.
La acción legal fue formalizada por la Procuraduría del JNE ante la Fiscalía de Lima y quedó en manos del Quinto Despacho Fiscal. El documento plantea investigar posibles delitos como abuso de autoridad, atentado contra el derecho al sufragio, omisión de funciones y obstaculización del proceso electoral.
Cuestionamientos por fallas logísticas y tecnológicas
De acuerdo con la denuncia, Corvetto habría tenido conocimiento anticipado de los problemas logísticos y tecnológicos, pero no habría informado oportunamente al pleno del JNE. Esta omisión habría impedido adoptar medidas preventivas antes del inicio de la votación.
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El escrito también advierte que las fallas se evidenciaron cuando el material electoral no llegó a diversos locales, situación que fue reconocida recién horas después de iniciada la jornada, generando retrasos y afectando el derecho de miles de ciudadanos.
Entre los involucrados figuran funcionarios clave de la ONPE. Se señala al gerente de Administración, Eduard Alarcón, por presuntas deficiencias en la supervisión del contrato logístico; y a Ricardo Saavedra, responsable de la organización electoral, por no garantizar la operatividad del sistema tecnológico ni la conectividad en los centros de votación.
Asimismo, la denuncia incluye a José Zamame, exgerente de Gestión Electoral, por su rol en la planificación del proceso; y a Juan Alvarado, representante legal de la empresa Galaga SAC, encargada del transporte del material electoral en Lima Metropolitana. Según el JNE, la compañía no contaba con la capacidad operativa suficiente, lo que habría contribuido al colapso en la distribución.
Congreso cita a autoridades electorales
En paralelo al proceso judicial, la Comisión de Fiscalización del Congreso convocó para el 14 de abril a Piero Corvetto y al presidente del JNE, Roberto Burneo, con el objetivo de esclarecer las fallas detectadas.
Durante la sesión extraordinaria, el Parlamento buscará determinar las causas que impidieron votar a más de 63.000 ciudadanos. También se ha solicitado un informe detallado sobre los procesos de contratación, control de proveedores y fallas estructurales.
Además, se requerirá información sobre las medidas correctivas implementadas para garantizar la transparencia electoral. Este debe incluir los criterios aplicados en aspectos técnicos como la valla electoral y la cifra repartidora.
Por su parte, el titular del JNE deberá explicar la legalidad de decisiones como la anulación de más de 200 mesas, la gestión de impugnaciones y el nivel de coordinación con la ONPE.
Mientras avanzan las investigaciones, la ONPE anunció acciones legales contra la empresa encargada de la distribución del material electoral. En tanto el JNE evalúa sanciones por los retrasos registrados en un proceso que movilizó a más de 27 millones de electores en todo el país.
