El Gobierno coordinará con las Fuerzas Armadas el uso de cuarteles en desuso y terrenos adecuados para instalar espacios de reclusión destinados a internos por delitos menores, sentenciados por alimentos y otras personas que no representen un alto nivel de peligrosidad. La medida fue anunciada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, durante su exposición ante la Cámara de Diputados sobre la estrategia para reducir la inseguridad ciudadana, como parte de la Política General de Gobierno 2026-2031.
¿Cómo funcionaría la propuesta de usar cuarteles para reos?
Luis Galarreta explicó que los internos considerados de menor peligrosidad serían trasladados desde los actuales establecimientos penitenciarios hacia los nuevos espacios de reclusión.
Según lo anunciado, la medida busca reducir el hacinamiento en las cárceles, mejorar el control interno y recuperar progresivamente la autoridad del Estado dentro de los establecimientos penitenciarios.
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La propuesta contempla que el uso de los cuarteles en desuso y terrenos adecuados se concrete mediante convenios con las Fuerzas Armadas.
Paralelamente, el Ejecutivo plantea construir penales de alta seguridad destinados a internos considerados de mayor peligrosidad. En ese sentido, Galarreta sostuvo que el control de los establecimientos penitenciarios debe permanecer en manos del Estado y no de organizaciones criminales.
Gobierno plantea reforzar la seguridad en las cárceles
Como parte de la estrategia penitenciaria, el Gobierno anunció la instalación de arcos detectores para impedir el ingreso de objetos y dispositivos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.
También se plantea bloquear efectivamente las señales de comunicación en los penales, con el objetivo de evitar que estas instalaciones sean utilizadas como centros de operaciones por organizaciones del crimen organizado.
El Ejecutivo solicitó, además, la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa y el apoyo operativo de los establecimientos penitenciarios, dentro del marco constitucional. Esta participación no sustituiría las funciones de la Policía Nacional ni de la autoridad penitenciaria.
Para los internos considerados de alta peligrosidad, se plantea endurecer el régimen penitenciario mediante medidas de aislamiento y controles reforzados, de acuerdo con la legislación vigente.
Asimismo, durante el periodo de Gobierno se proyecta ejecutar más de 50,000 operativos ordinarios y extraordinarios de seguridad penitenciaria, con énfasis en la incautación de teléfonos celulares, armas, drogas y otros objetos prohibidos.
¿Qué medidas plantea el Gobierno contra la criminalidad?
Durante su exposición, Galarreta señaló que el Ejecutivo concentrará sus acciones en combatir delitos como la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, el tráfico ilícito de drogas y las economías ilegales.
La estrategia contempla fortalecer la capacidad operativa, inteligencia, tecnología y presencia policial en las zonas con mayor incidencia delictiva.
En el caso de la extorsión, se anunció una inversión superior a S/ 19 millones para fortalecer la División de Investigación de Extorsiones. Para diciembre de 2026 se prevé incorporar automóviles, camionetas y motocicletas, mientras que posteriormente se sumarán drones, cámaras, computadoras de alta gama, software de análisis criminal y equipos de protección.
Tecnología policial y control de zonas delictivas
El Ejecutivo también anunció la implementación del Sistema Automatizado de Identificación Biométrica (AFIS) en 15 unidades policiales de investigación criminal y criminalística.
A esta medida se suma el desarrollo de un sistema de videovigilancia inteligente con herramientas de inteligencia artificial, cuya puesta en funcionamiento está prevista para julio de 2027.
La estrategia contempla intensificar los operativos en las zonas con mayor incidencia delictiva mediante mapas de calor e información de inteligencia. También se plantea reforzar el control y la identificación de extranjeros en situación irregular.
De acuerdo con lo expuesto por Galarreta, el objetivo general de estas medidas es fortalecer la capacidad del Estado frente al crimen mediante inteligencia, equipamiento policial, control de los establecimientos penitenciarios, recuperación de territorios y modificaciones al marco legal.
