El objetivo es fiscalizar la ejecución de los recursos públicos destinados a los centros de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), programadas para el 4 de octubre. El despliegue busca garantizar la transparencia del proceso electoral y el correcto uso de los fondos del Estado. Todo se hará en el marco del Operativo de Control, que supervisará la llamada «ruta del gasto electoral».
Operativo de control supervisará el gasto electoral en 702 locales de votación
El Operativo de Control de las ERM 2026 tiene como eje central la «ruta del gasto electoral». Su fin es garantizar que los recursos públicos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se ejecuten según la ley. Estos fondos se destinan a material electoral, transporte, personal y servicios. Además, deben cumplirse las condiciones contractuales establecidas.
De esta manera, los auditores verificarán hechos y condiciones logísticas. Así podrán identificar e informar en tiempo real cualquier situación adversa a las entidades responsables de la jornada electoral. El propósito es permitirles adoptar medidas correctivas de forma oportuna.
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Del total de auditores, 465 se desplazarán por los centros de votación de Lima Metropolitana. Por otro lado, 846 estarán en las distintas regiones del país. Las comisiones supervisarán 702 locales de votación en 114 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Esto abarca 42 distritos de Lima Metropolitana, 150 provincias en 23 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao.
En Piura, más de 50 auditores supervisarán 20 locales de votación en las ocho provincias de la región.
Control presupuestal y monitoreo en tiempo real del proceso electoral
La intervención de la Contraloría permitirá controlar la ejecución de S/ 302.1 millones. Estos fondos se destinan a la producción y ensamblaje del material electoral, su despliegue y repliegue, y la contratación de personal de la ONPE y del JNE.
En ese sentido, la Contraloría garantizará el uso correcto de los recursos públicos para la logística electoral. El control es estrictamente logístico y presupuestal. No interviene en el acto de votación ni en el escrutinio, respetando la autonomía electoral.
Tal como ocurrió en las Elecciones Generales 2026, la Contraloría pondrá en marcha la plataforma RUTA360. Mediante ella se monitorea el trabajo de control en tiempo real desde cualquier punto del país. Esto aporta transparencia e inmediatez a la auditoría gubernamental.
