El coronel Harvey Colchado, perteneciente a la Policía Nacional del Perú, ha sido separado de su cargo como jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), una medida que ha generado controversia y debate en el ámbito público.
Argumentos de la PNP para la suspensión de Harvey Colchado
Según fuentes de la Policía Nacional del Perú, la medida disciplinaria tomada contra el coronel Colchado se fundamenta en la presunta comisión de dos infracciones, catalogadas como muy graves y graves, respectivamente, de acuerdo al marco normativo interno de la institución.
La infracción MG-92, referente a la difusión de información sensible relacionada con la imagen institucional de la PNP, y la infracción G-53, asociada a la participación en actividades que menoscaban la autoridad policial o la reputación de la institución, son los fundamentos esgrimidos por las autoridades para justificar la separación temporal del coronel Colchado de su cargo en la Diviac.
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Reacciones ante la separación de Colchado
La decisión de separar a Harvey Colchado ha generado diversas reacciones en la esfera pública. El exministro del Interior, Mariano González, ha expresado su opinión respecto a este caso, señalando que la medida adoptada podría responder a motivaciones políticas y de represalia.
González ha manifestado su preocupación ante lo que considera una «venganza» por parte de las autoridades gubernamentales, en especial de la presidenta de la República, Dina Boluarte, hacia Colchado y su labor en la Diviac.
Postura del abogado de Harvey Colchado
Por su parte, el abogado de Harvey Colchado, Stefano Miranda, ha anunciado que solicitará la revocación de la medida disciplinaria impuesta a su cliente. Miranda ha calificado la decisión como desproporcionada y carente de fundamentos legales sólidos.
El abogado ha destacado que la supuesta infracción cometida por Colchado, relacionada con la publicación de una fotografía en su red social, no constituye un motivo válido para su separación de la Diviac, ya que esta acción se habría realizado en su ámbito personal y no afectaría la labor policial.
Miranda ha advertido que, de no revertirse la decisión, emprenderán acciones legales contra las autoridades responsables, argumentando un presunto abuso de autoridad y exceso en el ejercicio de funciones.
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