La Defensoría del Pueblo reitera la necesidad de que el Poder Judicial declare en emergencia los ocho Centros Juveniles existentes a nivel nacional a fin de implementar mejoras urgentes en las condiciones de internamiento, medidas de seguridad, servicios básicos de agua, luz y desagüe y aumentar el personal especializado para el tratamiento.
Tras algunas visitas inopinadas a diversos Centros Juveniles se evidenció que las áreas destinadas a los programas de atención Intensiva (PII), carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad permitidas: espacios reducidos, iluminación insuficiente, malas condiciones de aseo y –en algunos casos- sobrepoblación. Esta situación configura un trato inhumano y degradante, señaló el Adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad, Percy Castillo.
Los resultados de las visitas arrojan que en todos los centros visitados -Arequipa, Piura, Chiclayo, Huancayo, Pucallpa, Cuzco y Lima (2)- se registran severos problemas de hacinamiento dado que se ha superado la capacidad de albergue en 50%. Este hecho, además de provocar el acelerado desgaste de los ambientes (servicios de agua y desagüe en mal estado de conservación) genera problemas de convivencia entre los adolescentes.
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En esa línea, la Defensoría del Pueblo resaltó el cumplimiento de la recomendación formulada al Poder Judicial para la declaración en emergencia del Centro Juvenil de Trujillo (ex Floresta). La medida permitirá ejecutar el proceso de reconstrucción e implementación de la infraestructura afectada como consecuencia de los hechos ocurridos el pasado 14 y 17 de febrero del presente año.
“La desatención de las obligaciones estatales en esta materia generará, además, responsabilidades legales a nivel interno, sanción internacional para el Estado peruano por incumplir con las obligaciones asumidas en diversos tratados de derechos humanos (Convención de Derechos del niño y Convención contra la Tortura) y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, anotó el representante de la Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo, continuará desplegando sus acciones de supervisión en los Centros Juveniles, a fin de colaborar con las autoridades judiciales en el despliegue de las acciones que resulten necesarias para mejorar las condiciones de vida de los adolescentes privados de libertad.
