El Perú ratificó su firme compromiso de combatir la minería ilegal, al ser sede de la XXXII Reunión Ordinaria del Comité Andino Ad-Hoc de Minería Ilegal (CAMI) de la Comunidad Andina y de la II Reunión de Alto Nivel Estratégico (RANE), encuentros orientados a fortalecer la investigación y la aplicación de la ley frente a los delitos vinculados con minerales.
La minería ilegal del oro, uno de los mayores problemas del país
Durante la inauguración, el viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix Denegri Boza, subrayó que la minería ilegal del oro representa uno de los problemas más graves que enfrenta el Perú. Esto debido a sus impactos devastadores en el medio ambiente, la salud pública, la economía y la seguridad.
Las sesiones incluyeron presentaciones especializadas que profundizaron en el carácter multidimensional del fenómeno. Asimismo, en la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación, trazabilidad y control en la región.
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Países andinos acuerdan fortalecer acciones conjuntas
El viceministro de Seguridad Pública del Ecuador y representante de la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina, Jorge Rivadeneira, destacó la decisión colectiva de los países miembros de intensificar la lucha contra la minería ilegal.
Recordó que esta voluntad política se refleja en 39 acciones concretas incluidas en el Plan de Acción 2025-2030 del CAMI. Este instrumento guía los esfuerzos regionales para erradicar la minería ilegal y sus actividades conexas.
Reunión fortalece la cooperación internacional
El acto inaugural contó con la presencia del secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel. Así como de la presidenta del Consejo Directivo del Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI), Carolina Lizárraga, y de expertos de los cuatro países miembros de la CAN.
Ambos encuentros se realizaron en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal, aprobada mediante la Decisión 774, y del Plan de Acción 2025-2030. Este orienta los esfuerzos regionales hacia una cooperación más efectiva.
Los participantes elaborarán un documento de recomendaciones y acuerdos que recogerá los principales desafíos. Así como las estrategias conjuntas para mejorar la respuesta de los países andinos frente a la minería ilegal.
