El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, expresó su confianza en que el Congreso dará prioridad al proyecto de ley presentado por la entidad que encabeza, el cual tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de fiscalización a las organizaciones políticas registradas en el país.
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La iniciativa legislativa contempla, entre otras medidas, la suspensión del procedimiento de inscripción de partidos cuando se detecten irregularidades, como firmas con el mismo puño gráfico o reportes de no validación emitidos por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
«Confío en que le darán la prioridad del caso por la empatía mostrada en la Comisión de Constitución, donde pude participar y evidenciar ese espíritu», señaló Burneo en declaraciones a la Agencia Andina.
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El proyecto fue presentado el 9 de mayo de 2025 y propone que, de forma excepcional, se levante la intangibilidad normativa, que impide hacer cambios legales una vez convocado un proceso electoral, como el de las elecciones generales de 2026.
Cambios permitirían fiscalización permanente y sanciones jurídicas
Según explicó el titular del JNE, la iniciativa busca otorgar a la institución la posibilidad de realizar una fiscalización permanente y sin previo aviso a las organizaciones políticas. Esto incluye el monitoreo de afiliaciones, comités partidarios y el cumplimiento de funciones internas.
El proyecto también plantea la suspensión del registro de partidos si estos pierden el número mínimo de afiliados o si sus comités no cumplen con las funciones establecidas. Además, se proponen consecuencias jurídicas frente a la comisión de delitos por parte de las organizaciones políticas.
«Lo que se busca es aplicar el artículo 105 del Código Penal, que establece que un juez podría incluso ordenar la cancelación de una persona jurídica, en este caso, de una organización política», explicó Burneo.
La autoridad electoral advirtió que, de no aprobarse la norma en la actual legislatura, esta ya no podría aplicarse a los comicios generales de 2026 y recién entraría en vigor para los procesos municipales y regionales posteriores.
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