La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, de acuerdo con el Boletín de Demografía Empresarial del INEI, en la primera mitad del año se dieron de baja más de 4,700 empresas piuranas. Esto representa un aumento significativo respecto al primer semestre de 2023, periodo en que se desactivaron 846 empresas. Los emprendimientos están enfrentando obstáculos que les impiden progresar, siendo la inseguridad uno de los más significativos.
“La criminalidad representa un costo de hasta el 2.8% del PBI peruano –aproximadamente S/15,000 millones–, perjudicando así el crecimiento económico regional. Actualmente, en la ciudad de Piura, el 91.8% de la población se siente insegura, originando un ambiente de desconfianza entre los emprendedores, pues esta situación puede generar pérdidas al retrasar importantes decisiones de inversión e, inclusive, el cierre de negocios”, apuntó Germán Vega, economista de REDES.
En septiembre de 2023, el Gobierno declaró estado de emergencia en doce distritos de Piura para combatir actos delictivos. No obstante, solo dos de ellos disminuyeron sus denuncias. Según el Ministerio del Interior, Marcavelica, al norte de Piura, experimentó un incremento del 269% en los casos registrados entre enero y mayo de 2024 en comparación con el año anterior, mientras que Sullana alcanzó más de 1,500 denuncias por delitos patrimoniales.
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De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, hasta agosto de este año se registraron 1,150 denuncias por extorsión y 103 por extorsión agravada en Piura. Ello representa un aumento del 44.7% y 98%, respectivamente, respecto con el mismo periodo del 2023. Además, entre enero y julio de 2024, hubo 31 denuncias por extorsión en la modalidad «gota a gota», la segunda cifra más alta del país. Esta creciente ola de extorsiones afecta el futuro de los negocios, pues impacta en sus ganancias y estabilidad.
Presupuesto para la lucha contra la delincuencia
Para el presente año, se ha destinado un monto aproximado –entre los tres niveles de gobierno– de S/ 331 millones para la lucha contra la delincuencia en la región de Piura, lo que representa apenas el 2.98% del total del presupuesto público asignado a la región, que supera los S/11,000 millones. Ello equivale a un gasto per cápita de S/154, un 48.1% por debajo del promedio nacional, que es de S/296.5.
“La inversión estatal en seguridad en Piura es insuficiente, especialmente en una región con altos índices de delincuencia. La ONU recomienda 300 policías por cada 100,000 habitantes, pero en Piura solo hay 138. Esta falta de efectivos pone en riesgo a los ciudadanos y dificulta su capacidad para trabajar y sustentar a sus familias. Aumentar la presencia policial es necesario para combatir la criminalidad, pero se requieren aún más medidas que promuevan el trabajo coordinado entre las instituciones de orden interno, fiscalización y justicia”, mencionó el economista.
Desde el mes pasado, el Ministerio del Interior intensificó el resguardo policial en la región, enviando más de 50 efectivos del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (GRECCO) a Sullana, la ciudad con el mayor número de denuncias de delitos en Piura. Esta medida busca reforzar el patrullaje y las labores de inteligencia. Esto tras los asesinatos de trabajadores del sector Construcción y las protestas de obreros que exigían mejores condiciones laborales, como una mayor protección frente a los extorsionadores y sicarios.
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