El Ministerio Público en Piura anunció el despliegue de fiscales en toda la región con el objetivo de supervisar el desarrollo de las Elecciones Generales 2026. La medida busca asegurar el cumplimiento de la normativa electoral y prevenir posibles incidencias durante la jornada.
Despliegue de fiscales en Piura para elecciones 2026
La presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, Faviola Susana Campos Hidalgo, informó que se movilizarán 164 fiscales en el Distrito Fiscal de Piura para fiscalizar el proceso electoral.
Como parte de la organización, se conformará un “Equipo de gestión territorial”, integrado por la fiscal superior, dos fiscales superiores y cinco fiscales provinciales, quienes estarán a cargo de la planificación, organización y ejecución de las acciones fiscales.
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Asimismo, el trabajo será monitoreado por tres fiscales superiores y un fiscal adjunto superior, quienes realizarán verificaciones aleatorias durante las distintas etapas del proceso electoral y reportarán posibles incidencias.
Fiscalización en locales de votación en Piura
La supervisión abarcará un total de 348 locales de votación distribuidos en la región. De estos, 182 se encuentran en la provincia de Piura, 64 en Huancabamba, 57 en Morropón, 28 en Paita y 17 en Sechura.
Las acciones de control buscan garantizar la transparencia del proceso electoral en cada uno de los puntos habilitados para la votación.
Acciones preventivas y control de delitos electorales
En el marco de las medidas preventivas, la Fiscalía de Prevención del Delito ha realizado 14 intervenciones hasta el jueves previo a la jornada electoral, enfocadas en el cumplimiento de la Ley Seca y la restricción de propaganda electoral en lugares prohibidos.
Además, se han programado cinco acciones adicionales para los días viernes y sábado, con el fin de reforzar la vigilancia antes de las elecciones.
Las autoridades identificaron como principales riesgos el incumplimiento de la Ley Seca, la difusión de propaganda electoral en zonas restringidas y la posible suplantación de identidad de los electores.
También se consideran delitos como la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, el peculado de uso y otras infracciones contempladas en la Ley Orgánica de Elecciones.
