Dadas las últimas denuncias contra la EPS Grau, el Sunass, entidad reguladora de agua, realizó una visita inopinada para dar con respuestas. En la reunión, Mauro Gutiérrez, presidente del organismo público, reveló que la Entidad, en el año 2022, solo ejecutó el 11.3% de lo programado, y que no cuenta con el nivel de inversión suficiente para solucionar los problemas que aquejan a los pobladores que mueren de sed y viven en medio de aguas hervidas por el colapso de desagües.
Las denuncias recaen en el trabajo de la Empresa Prestadora de Servicios Grau, motivo por el cual la Superintendencia Nacional de Servicio de Saneamiento (Sunass) realizó la intervención en su establecimiento. En este marco, el gerente de EPS Grau, Roberto Sandoval, se sinceró y afirmó que la inversión destinada en el quinquenio (alrededor de 110 millones para más de 2000 millones) no es suficiente para solucionar los problemas de agua y alcantarillado.
Al respecto, Gutiérrez coincidió que con el corto nivel de inversión no se cerrará la brecha, pero sin dejar de recalcar que, la Entidad, en el 2022, brilló por una ejecución deficiente, que no llegó ni al 50% de lo previsto de la inversión ejecutora, aproximó Gutiérrez.
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“La necesidad de inversión es amplia y mucho mayor de 110 millones, además de la condición de EPS Grau y su deuda, pero, a pesar de eso, hay una necesidad de que mínimamente esas inversiones planificadas se desarrollen adecuadamente”, aseveró Gutiérrez, quien afirmó que este problema se replicaría a nivel nacional.
Drástica sanción
El presidente de Sunass informó que, solo en el mes de enero, 12 mil usuarios de las localidades de Piura, Sullana, Talara, Chulucanas y Morropón se han visto perjudicados por el «deficiente servicio de la EPS Grau».
En esa línea, Gutierrez sostuvo que, en febrero, se emitirá un informe con respecto al nivel de ejecución de las inversiones por parte la entidad.
«Puede implicar sanciones por el incumplimiento de algunas disposiciones en el marco existente«, aseveró Gutierrez.
Cabe resaltar que, en 2022, la Sunass multó a la empresa con S/525 412 en el 2022, por faltas y problemas operativos, pero, pese a ello, Gutiérrez señaló que no muestra mejoras significativas en su gestión.
Ese mismo año, además, EPS Grau recibió más de 600 acciones de fiscalización y 11 mil quejas de usuarios.
Trabajo articulado
Ante los altos niveles de inversión no alcanzados por lo dispuesto para el quinquenio, el gerente del EPS Grau planteó como salida “buscar sinergias con otras entidades para encontrar una solución”.
En sintonía, el presidente de Sunass afirmó que por los niveles de inversión “se amerita una articulación con el gobierno central y regional”. “El propósito (del trabajo conjunto) es ampliar las distintas fuentes que se requieren”, indicó.
Seguidamente, el presidente del ente regulador ofreció las cifras exactas de inversión que requiere EPS Grau: 2400 millones. Para Gutiérrez, se trata de un gran reto que exige definir cuáles son las inversiones críticas y cuándo se ejecutarán, ya que la espera genera incertidumbre en la población.
“El propósito es que la empresa (EPS Grau), con las limitaciones que tenga, le diga a la población la fecha en la que habrá una mejora en las condiciones del servicio”, finalizó.
Recorrido
El presidente ejecutivo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez, realizó una visita inopinada a la EPS Grau, donde supervisó la gestión de la empresa prestadora con el fin de mejorar la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado brindados en la región Piura.
Posteriormente, los funcionarios del organismo regulador realizaron un recorrido por los Ejidos de Huan– punto que no estaba previsto en la agenda hasta que los vecinos del centro poblado llegaron a exigir soluciones-, Ignacio Merino, Castilla y Veintiséis de Octubre.
En la primera parada, la Sunass se topó con un centro poblado- conformado por alrededor de 8 000 familias- que recibía agua con baja presión y sin continuidad. Además, los moradores denunciaron que EPS Grau “les cobra 8 000 soles por agua que casi no usan”.
Posteriormente, arribaron en la urbanización Ignacio Merino, que, desde el 4 de enero, su buzón principal colapsó y miles de familias se vieron afectadas por las residuales, las cuales son un peligro para la salud pública. Este caso no fue el único.
Según Gutiérrez, en Piura, se identificaron alrededor de 30 situaciones, de las cuales, 6 se solucionaron y 24 siguen en espera.
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