En el Perú existen de acuerdo a la Contraloría General más de 2500 obras paralizadas, y en la región Piura 128 proyectos que no culminan. Ante esta situación, la decana nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, Ing. CIP María del Carmen Ponce Mejía, informó que existe una iniciativa legislativa que viene promoviendo una ley que otorgue carácter vinculante a las opiniones técnicas de los Consejos Departamentales y zonas institucionales en los proyectos de desarrollo del Estado.

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Ponce Mejía destacó que, a lo largo del tiempo, los Consejos Departamentales vienen evaluando los problemas regionales y han propuesto soluciones técnicas para abordarlos. Sin embargo, lamentó que las opiniones técnica no siempre son consideradas en la toma de decisiones gubernamentales, lo que puede resultar en inversiones sin resultados tangibles.

Asimismo, mencionó que mediante una iniciativa, el Colegio de Ingenieros busca reformar la Ley de Contrataciones del Estado para garantizar la participación activa de la sociedad civil y de entidades técnicas en la revisión de expedientes técnicos de obras públicas.

“Lo que sucede es que nuestras opiniones técnicas no las toman en cuenta y por eso necesitamos esta ley en donde estos proyectos y nuestras opiniones técnicas sean vinculantes y ahí podríamos tener un trabajo conjunto con el Estado y mejorar todo lo que se invierte, porque vemos que hay mucha inversión y no vemos el resultado”, comentó la decana nacional.

Junta de Resolución de Disputas

Entre las propuestas específicas, se destaca la solicitud de incorporar a la Junta de Resolución de Disputas como un mecanismo alternativo de solución de controversias, con el fin de agilizar la resolución de conflictos sin generar costos adicionales a los proyectos.

La decana del Colegio de Ingenieros del Perú enfatizó la importancia de estas reformas para evitar la paralización de obras públicas y garantizar una mayor eficiencia en la inversión estatal. Finalmente, sostuvo que esta iniciativa legislativa se encuentra en la Comisión de Constitución, con la esperanza de que se tomen en cuenta las modificaciones propuestas en beneficio del desarrollo y la calidad de las obras en el país.

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