El titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack, realizará, del 18 al 20 de noviembre, labores de supervisión de obras públicas y reuniones de trabajo con autoridades de Morropón, Huancabamba y Ayabaca.
Esto como parte del traslado del despacho contralor al interior del país.
Shack regresa a Piura tal como lo anunció en octubre pasado, luego de recibir en esa oportunidad varias solicitudes ciudadanas para que visite las mencionadas provincias, ante reportes de presuntas irregularidades en estas zonas.
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En estas visitas de trabajo, el contralor general supervisará el estado de las obras y servicios relevantes en Morropón, Huancabamba y Ayabaca.
Asimismo, verificará los avances del control gubernamental y sostendrá reuniones con las autoridades de las mencionadas provincias.
Segunda visita
Es la segunda vez en el año que Shack Yalta visita la región Piura. Hace un mes recorrió las provincias de Piura, Talara y Sullana. Allí supervisó un total de 11 obras, entre proyectos del plan integral de Reconstrucción con Cambios y otros ejecutados durante la emergencia.
Además, se reunió con las principales autoridades regionales y provinciales, a quienes expuso su preocupación sobre los retrasos de estas inversiones.
«La Contraloría te escucha»
Más de 100 representantes de las organizaciones sociales y ciudadanos participaron de la primera audiencia pública virtual “La Contraloría te escucha” en la región de Piura. A través de esta audiencia, alertaron sobre presuntas irregularidades en la ejecución de obras públicas.
Durante el desarrollo de la audiencia, un total de 19 ciudadanos presentaron sus alertas correspondientes a las ocho provincias de la región Piura, como deficiencias en los trabajos, obras paralizadas, presunta sobrevaloración, entre otras.
Incluso, la inoperatividad de estas obras impide que los moradores accedan a un mejor servicio de agua potable.
También, hubo denuncias sobre los contratos de bienes y servicios en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, presuntos actos de corrupción en los sectores de educación y salud. Además de pagos irregulares en consultorías y tráfico de terrenos.
