La Contraloría General anunció los resultados del operativo “Buen Uso del Gasto Público – Devengados”, con el cual se realizaron verificaciones, entre el 17 de diciembre de 2018 y el 24 de enero de 2019, a operaciones de devengados en un total de 479 unidades ejecutoras y se identificaron hechos que ponen en riesgo la integridad en el manejo de estos recursos públicos.
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El operativo tuvo como objetivo el determinar si las entidades del sector público, durante el proceso de ejecución financiera del gasto público derivado de la etapa del devengado realizado en el 2018, cumplieron con la normativa aplicable y disposiciones internas vigentes; así como haber realizado previamente la recepción satisfactoria de los bienes, la prestación efectiva de los servicios, el cumplimiento contractual y el registro.
Este operativo se inició a fines del 2018, ya que se trata de un período en el que finaliza el año presupuestal y en ocasiones se comprometen recursos públicos sin cumplir las normas y requisitos para proceder a devengar, lo cual quedó evidenciado en los hallazgos de los auditores.
Las entidades públicas intervenidas pertenecen a los sectores economía, trabajo, energía y minas, comercio exterior, defensa, justicia, social, cultura, transporte, comunicaciones, vivienda, construcción, saneamiento, agricultura, ambiente, educación, salud, gobiernos regionales, provinciales y locales.
Según el informe elaborado por la Gerencia de Control Económico de la Contraloría General de la República, los montos relacionados con los riesgos identificados ascienden a S/ 457’472,350 y los hechos detectados son los siguientes:
- Se tiene registro de devengados por un total de S/ 73’150,810 sin acreditar el ingreso de los bienes o la efectiva prestación del servicio conforme a lo establecido en los términos contractuales.
- También está el registro de devengados por S/ 1’820,678 pero sin cumplir las condiciones contractuales establecidas.
- Otro monto de devengados por S/ 9,881 cuentan con la conformidad del servicio suscrita por un área distinta a la responsable.
- Existe registro de devengados sin contar con certificación de crédito presupuestario correspondiente por un total de S/ 737,070.
- Devengados por S/ 240’460,933 fueron registrados sin tener las autorizaciones correspondientes y/o la documentación establecida en la normativa.
- Otros S/ 7’968,288 fueron devengados con clasificadores de gastos que no estaban acorde a la naturaleza del mismo.
- Se detectaron registro de devengados por S/ 46’644,549 sin contar con los comprobantes de pago autorizados.
- Existen S/ 33’337,414 con regularizaciones y modificaciones en el registro del devengado sin contar con la documentación de sustento.
- También se detectaron S/ 23’495,110 bajo regularizaciones en el proceso de ejecución del gasto público, por el ingreso de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, con posterioridad al registro del devengado.
- Otro hecho detectado es la existencia de operaciones devengadas pendientes de giro por concepto de planillas del año 2018 por S/ 18’515,026.
- La suma de S/ 6’334,949 se registraron como devengados pero excediendo el plazo de tres días hábiles de producida la conformidad.
- Mientras que S/ 4’952,373 en devengados fueron pagados con cheques pero dicho medio de pago no se encuentra previsto en la Directiva de Tesorería.
- Asimismo se encontró un registro de devengados por S/ 7,809 que están pendientes de pago por no contar con información completa para su pago.
- Mientras que S/ 37,460 fueron observados por el otorgamiento de monto mayor por adelanto de materiales al incluir una partida no prevista en la normativa que regula la operación.
Recomendaciones
El informe del operativo “Buen Uso del Gasto Público – Devengados” también fue comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas para que la Dirección General del Tesoro Público evalúe considerarlos en la implementación de políticas y normatividad sobre la fase del Gasto Devengado de las entidades públicas.
Se recomienda que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) sea obligatorio progresivamente obligatorio en todos los gobiernos regionales y locales, así como lograr una interoperabilidad con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) para mitigar los riesgos de pérdida de recursos públicos.
También serán comunicados a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que dispongan las acciones que estimen pertinentes, en su condición de autoridad técnico normativa responsable de proponer, articular, implementar y evaluar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
La Contraloría General, a través de la Escuela Nacional de Control, se encargará de promover acciones de capacitación a autoridades, funcionarios y trabajadores de las entidades públicas, en materia de manejo financiero y presupuestario, que coadyuven a revertir situaciones de manejo inapropiado del gasto público y de las finanzas de la entidad.
