El Congreso de la República oficializó la inhabilitación por diez años para ejercer función pública y la formación de causa penal contra la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, mediante dos resoluciones publicadas en el boletín de Normas Legales. Las disposiciones forman parte del procedimiento iniciado a raíz de la Denuncia Constitucional 528, que evaluó una presunta vulneración de funciones y la emisión de resoluciones contrarias al marco normativo vigente.
Inhabilitación por diez años según la Resolución Legislativa 008-2025-2026-CR
Mediante la Resolución Legislativa Nº 008-2025-2026-CR, el Parlamento dispuso inhabilitar a Delia Espinoza por un periodo de diez años para ejercer función pública, por infracción de los artículos 38, 103, 109, 159 (numerales 1 y 4) y 166 de la Constitución.
El procedimiento se originó a partir de la Denuncia Constitucional 528, presentada el 24 de octubre de 2024 y admitida el 8 de abril de 2025. La denuncia sostiene que la Resolución 2246-2024-MP-FN habría modificado de facto los roles de la Policía Nacional y el Ministerio Público, contraviniendo la Ley 32130 y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
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El documento también indica que durante el proceso se respetaron las garantías del debido procedimiento, incluyendo la participación de la defensa de la investigada y las etapas previstas en el Reglamento del Congreso.
Formación de causa penal por presuntos delitos funcionales
La Resolución Legislativa N.º 007-2025-2026-CR aprobó la formación de causa penal contra Delia Espinoza por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones. Esta medida se sustenta igualmente en el procedimiento de la Denuncia Constitucional 528.
Tras su presentación, la Comisión Permanente otorgó un plazo de investigación y desarrolló la audiencia correspondiente el 18 de julio de 2025. El informe final, aprobado por mayoría el 18 de noviembre de 2025, concluyó que los funcionarios denunciados habrían emitido la Resolución 2246-2024-MP-FN con disposiciones contrarias a la Ley 32130, lo que configuraría posibles delitos e infracción constitucional.
Finalmente, el 3 de diciembre, el Pleno del Congreso declaró haber lugar a la formación de causa penal en agravio del Estado.
