La corrupción en instituciones públicas, la baja capacidad de gestión del Estado y decisiones políticas que debilitan la coordinación entre entidades del sistema de justicia figuran entre los principales factores que impiden contener el avance de la inseguridad ciudadana en Perú. Así lo advierte la más reciente edición de “Propuestas contra la inseguridad ciudadana”, informe del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP elaborado por los especialistas en seguridad Carlos Basombrío y Ricardo Valdés.
Instituciones debilitadas frente al crimen organizado
El diagnóstico sostiene que la capacidad operativa del Estado se ha visto limitada por una gestión ineficiente de los recursos destinados a seguridad ciudadana. Pese a la disponibilidad de presupuesto, gran parte de estos fondos no se ejecutan oportunamente o no llega a las zonas donde más se necesita. Esto retrasa la compra de patrulleros, el fortalecimiento logístico de la Policía y la ampliación de infraestructura penitenciaria.
A ello se suma la falta de una estrategia integral entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Según el informe, esta desarticulación institucional ha reducido la eficacia en la persecución del delito. Esto sucede en un contexto donde las organizaciones criminales operan con mayor alcance territorial y diversificación de actividades ilícitas.
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Corrupción e infiltración criminal
Uno de los puntos más críticos señalados por Basombrío y Valdés es la penetración de redes criminales en instituciones clave del sistema penal. El documento advierte altos niveles de corrupción en organismos encargados de investigar, procesar y sancionar delitos. Este panorama debilita la respuesta estatal y facilita la continuidad de economías ilegales vinculadas al narcotráfico, minería ilegal y otras actividades criminales.
En regiones como Piura, donde la inseguridad ha escalado en los últimos años con el incremento de delitos violentos y organizaciones dedicadas a actividades ilícitas, estas debilidades institucionales representan un obstáculo directo para mejorar la capacidad de prevención, inteligencia y control territorial.
Medidas de corto plazo y reformas pendientes
El informe también cuestiona la adopción de medidas inmediatas sin evidencia de impacto sostenido, como respuestas focalizadas únicamente en presencia militar o disposiciones coyunturales que no atacan las causas estructurales del problema.
En paralelo, alerta sobre normas legales y decisiones políticas que han reducido la capacidad de actuación de instituciones del sistema penal frente al crimen organizado.
