La empresa estatal Petro-Perú enfrenta un escenario crítico que podría derivar en la paralización de sus principales refinerías si no asegura financiamiento en el corto plazo. Así lo alertó su presidente, Roger Arévalo, ante el Congreso, en medio de un contexto internacional marcado por el encarecimiento del crudo.
Crisis financiera pone en riesgo operaciones clave
La petrolera estatal ya detuvo la refinería de Iquitos y evalúa suspender las operaciones en Conchán y Talara. Según explicó Arévalo, la empresa carece de recursos para adquirir petróleo, lo que compromete la continuidad de sus actividades.
Además, precisó que los proveedores internacionales han endurecido sus condiciones debido al alza de precios y a las tensiones en Medio Oriente, exigiendo pagos al contado. Como resultado, Petro-Perú ha limitado sus desembolsos y enfrenta dificultades para garantizar el abastecimiento.
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En esa línea, el gerente general, Gustavo Villa, detalló que la crisis en el Golfo Pérsico elevó los precios del diésel y las gasolinas hasta en 40%, mientras que los costos logísticos de importación superaron el 20%. Esto impacta directamente en la capacidad operativa de la empresa, que actualmente produce por debajo de su nivel óptimo.
Ejecutivo prepara financiamiento con respaldo privado
Frente a este panorama, el Ejecutivo alista un Decreto de Urgencia para facilitar un financiamiento de hasta US$2.000 millones. Arévalo aclaró que no se tratará de un aporte directo del Estado, sino de un préstamo de la banca privada respaldado por una garantía contingente.
No obstante, indicó que la necesidad total de la empresa asciende a US$2.500 millones, debido a las deudas acumuladas con proveedores. En paralelo, Petro-Perú también gestiona una posible capitalización estatal mediante una medida complementaria.
El titular de la empresa instó al Gobierno a acelerar este proceso para evitar un impacto mayor en el suministro energético del país. “Si no se concreta el financiamiento, la paralización será inevitable”, advirtió.
Deuda y presión de proveedores agravan la situación
La petrolera mantiene obligaciones superiores a los US$2.500 millones con sus abastecedores de crudo, quienes ya han advertido posibles acciones legales y han restringido nuevos envíos.
Esta situación complica aún más la reactivación de las refinerías, cuya operación depende directamente del suministro constante de materia prima.
Piden auditoría al proyecto de Talara
En paralelo, especialistas han solicitado que cualquier apoyo financiero esté condicionado a medidas de transparencia. El exfuncionario Erick García recomendó realizar una auditoría forense independiente al Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara.
El objetivo es esclarecer el incremento de costos del proyecto, que pasó de US$450 millones a aproximadamente US$7.000 millones, así como las fallas registradas en unidades clave.
Arévalo se mostró a favor de esta iniciativa y aseguró que promoverá una evaluación técnica con participación de firmas internacionales, a fin de identificar responsabilidades y corregir deficiencias.
