La expansión de la minería ilegal en Perú responde a una combinación de impunidad, falta de control estatal, desconocimiento de la cadena de valor del negocio ilícito y el incremento sostenido del precio internacional del oro, según advirtieron Ricardo Valdés y Carlos Casombrío , exviceministro y exministro del Interior, respectivamente. Estas declaraciones la dieron durante la presentación del informe de propuestas contra la inseguridad ciudadana elaborado por el Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP.
Los especialistas señalaron que esta actividad dejó de ser únicamente un problema vinculado al delito para convertirse en un fenómeno social y económico de gran escala. Además, afirmaron que de ella dependen cientos de miles de personas en distintas regiones del país.
Minería ilegal mueve una amplia red económica
Ricardo Valdés explicó que uno de los principales obstáculos para enfrentar la minería ilegal es la falta de comprensión integral de cómo opera este negocio ilícito. Indicó que no solo se trata de la extracción irregular de mineral, sino de una estructura más amplia que incluye plantas de beneficio, transporte, comercialización y otros eslabones que continúan operando con escasa fiscalización.
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Advirtió que existe una débil intervención estatal en segmentos clave de esta cadena, lo que permite que el negocio se mantenga activo y rentable. “No hay una comprensión de toda la cadena de valor”, sostuvo. Luego, remarcó que persiste la desinformación sobre cuántas plantas procesadoras existen y cómo funcionan dentro del circuito ilegal.
Alto precio del oro impulsa actividad ilícita
Otro de los factores que alimenta el crecimiento de la minería ilegal en Perú es el contexto internacional. Valdés precisó que el oro se ha consolidado como un activo refugio frente a la incertidumbre global y los conflictos geopolíticos. Al respecto, aseguró que esto ha elevado considerablemente su cotización en los mercados internacionales.
Este escenario ha convertido a la extracción ilegal en un negocio altamente lucrativo. De esta manera, más actores se ven atraídos hacia esta actividad y fortaleciendo economías ilícitas en diversas zonas del país, incluidas regiones del norte como Piura. En esta región se han reportado actividades vinculadas a la extracción irregular en sectores de la sierra y zonas de bosque seco.
Impunidad y corrupción favorecen expansión
Carlos Basombrío afirmó que la baja cantidad de sanciones efectivas contra responsables de minería ilegal refleja un grave problema de impunidad. Señaló que la escasa persecución penal, sumada a redes de corrupción en distintas instituciones, genera condiciones favorables para la expansión de estas economías criminales.
En ese contexto, remarcó que la corrupción debe enfrentarse con sanciones firmes. Indicó que cuando no existen consecuencias legales claras, se fortalece la percepción de permisividad frente a actividades ilícitas.
Cuestionan uso del Reinfo
Los exfuncionarios también cuestionaron el funcionamiento del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Valdés sostuvo que este mecanismo terminó siendo utilizado como una vía para encubrir operaciones ilegales bajo la apariencia de informalidad, dificultando la diferenciación entre quienes buscan formalizarse y quienes operan al margen de la ley.
Frente a ello, planteó la necesidad de establecer una nueva normativa de corto plazo que permita ordenar el sector, cerrar vacíos regulatorios y fortalecer la fiscalización sobre toda la cadena vinculada a la explotación aurífera.
Proponen fortalecer instituciones
Como parte de las medidas para combatir no solo la minería ilegal, sino también otras formas de criminalidad organizada, ambos especialistas coincidieron en la urgencia de reforzar la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Además, consideran importante depurar a funcionarios involucrados en actos irregulares y respaldar a las autoridades que cumplen sus funciones de manera adecuada.
Según indicaron, sin instituciones sólidas, articulación entre entidades y asignación efectiva de recursos públicos, será difícil reducir el avance de economías ilícitas. Este es uno de los principales desafíos para la seguridad en el país.
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