El Poder Judicial tiene previsto analizar este jueves por la tarde el requerimiento del Ministerio Público para imponer seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra. El pedido está relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de dos proyectos cuando Vizcarra fue gobernador regional de Moquegua (2011-2014): la ampliación del Hospital Regional de Moquegua y la implementación del proyecto agrario Lomas de Ilo.
Proyectos bajo investigación y presuntas irregularidades
Según la Fiscalía, en el caso del Hospital de Moquegua, la licitación fue otorgada a la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. (ICCGSA) en condiciones presuntamente irregulares. En paralelo, el proyecto Lomas de Ilo —parte del sistema de irrigación Pasto Grande— fue adjudicado al consorcio Obrainsa – Astaldi, cuya propuesta económica ascendía a aproximadamente 86 millones de soles. Dicha propuesta resultó considerablemente menor frente a la del consorcio San Invercom, que ofertó 249 millones.
La investigación incluye testimonios de un colaborador eficaz, quien ha señalado que en noviembre de 2013 el entonces gerente de Obrainsa, Elard Tejada, se habría reunido con Vizcarra para obtener la buena pro del proyecto. De acuerdo con esta versión, Vizcarra le habría proporcionado información privilegiada sobre el monto máximo a ofertar. A cambio, el exgobernador habría solicitado un pago de 1 millón 16 mil 212 soles, equivalente al 2% del valor de la obra.
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En el caso del hospital, se le atribuye la recepción de un soborno de 1 millón 300 mil soles. Además de Vizcarra y Tejada, también son investigados los exdirectivos de ICCGSA, Fernando Castillo y Rafael Granados.
Acusaciones y solicitud de sanciones
El Tercer Despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios imputa a Martín Vizcarra los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. El Ministerio Público ha solicitado una pena total de 15 años de prisión: nueve años por el caso del hospital y seis por el proyecto Lomas de Ilo.
Adicionalmente, se ha pedido una inhabilitación de seis años para ejercer funciones públicas. Esta medida se sumaría a las dos sanciones previas dispuestas por el Congreso, por cinco y diez años, respectivamente.
Por otro lado, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Lava Jato ha solicitado una reparación civil de 4,6 millones de soles, monto que incluye tanto a Vizcarra como a las empresas señaladas como terceros responsables.
La defensa legal del exmandatario ha solicitado postergar el inicio del juicio oral, argumentando que se han vulnerado sus derechos al debido proceso y al principio de legalidad penal.
