La Dirección Especial de Proyectos de PROINVERSIÓN respondió formalmente al Frente de Defensa de los Intereses y Desarrollo del Distrito de Tambogrande, liderado por Jean Franco Mendoza Saavedra, rechazando la procedencia de la nulidad del contrato y la concesión minera otorgada a la Compañía de Minas Buenaventura para el desarrollo del Proyecto Hídrico – Minero El Algarrobo.
En su pronunciamiento, José Rogger Incio Sánchez, Director de Proyecto de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, sostuvo que el contrato fue suscrito bajo el marco legal vigente, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, legales y administrativos. Asimismo, descartó que se trate de un proyecto orientado a la explotación inmediata de recursos minerales.
Legalidad y precisiones técnicas
PROINVERSIÓN señaló que el proceso fue público, transparente y fiscalizado ante Notario, además de estar sujeto a control legal por las entidades correspondientes. La entidad precisó que el proyecto abarca solo cuatro concesiones mineras —y no 133 como afirmó el Frente de Defensa— y aclaró que la sola existencia de una concesión no implica afectación automática a propiedad privada, agricultura u otras actividades, ya que cualquier intervención está supeditada a estudios técnicos, licencias y autorización ambiental previa.
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Etapas del proyecto: agua primero, minería después
La ejecución del Proyecto El Algarrobo está estructurada en cuatro etapas sucesivas, iniciando con una fase de hasta tres años para la construcción de un Acuerdo Social y la elaboración de estudios técnicos de un proyecto hídrico que garantice el acceso al agua para la población de la margen izquierda del río Piura.
Solo si se logra ese acuerdo social, se dará paso a la segunda etapa —de hasta cinco años— para el desarrollo de estudios técnicos mineros y de impacto ambiental. La tercera y cuarta etapas incluyen la implementación y eventual operación de una mina subterránea, siempre y cuando se hayan cumplido todas las condiciones técnicas, legales y sociales.
PROINVERSIÓN enfatizó que no habrá actividad minera sin consentimiento previo de la comunidad, y que el componente hídrico del proyecto es prioritario.
Aclaraciones sobre impactos ambientales
En respuesta a las preocupaciones por posibles impactos negativos, la agencia afirmó que no habrá voladuras debajo de zonas habitadas, ya que la operación subterránea se desarrollará a más de 200 metros de profundidad y lejos de áreas urbanas y agrícolas.
El procesamiento del mineral se realizará fuera del área de influencia directa, en zonas desérticas, a más de 10 kilómetros de Locuto. Además, el uso del agua será regulado, eficiente y reciclado en circuito cerrado, sin comprometer fuentes destinadas al consumo humano o agrícola.
Asimismo, se descartó la presencia de relaveras cerca del río Piura. Cualquier disposición de residuos será diseñada bajo estándares modernos de seguridad, impermeabilización y monitoreo continuo, teniendo en cuenta las condiciones climáticas de la zona.
Consulta vecinal del 2002: sin efecto jurídico
Respecto a la consulta vecinal de 2002, PROINVERSIÓN reconoció su valor simbólico y democrático, pero señaló que carece de efectos jurídicos vinculantes bajo el marco legal vigente. Añadió que, en más de dos décadas, el país ha experimentado avances significativos en legislación ambiental, institucionalidad y transparencia en los procesos de inversión.
Minería como aliada del agro
“La agricultura, la ganadería y la minería no son actividades excluyentes, sino complementarias para el desarrollo sostenible”, subrayó la agencia estatal. Indicó que El Algarrobo no busca reemplazar al agro, sino fortalecerlo. Esto a través de una gestión eficiente del recurso hídrico y una operación responsable en caso de alcanzarse el acuerdo social.
Finalmente, PROINVERSIÓN afirmó que el Proyecto El Algarrobo no representa una amenaza para el río Piura, la salud ni la agricultura. Agregaron que ha sido diseñado con enfoque preventivo, respetando los principios de sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial.
“La prioridad es el agua, el desarrollo agrícola y la mejora de la calidad de vida. Solo si se garantiza la seguridad social y ambiental, se evaluará la viabilidad de la etapa minera”, puntualizó la entidad.
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