El pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen de insistencia que restituye la figura de la detención preliminar judicial en casos de no flagrancia. La votación finalizó con 86 votos a favor, 6 en contra y cero abstenciones, cumpliendo así los requisitos establecidos por la Constitución Política y el Reglamento del Congreso para la aprobación de la iniciativa.
Modificación al Nuevo Código Procesal Penal
La propuesta legislativa busca modificar el literal a) del numeral 1 del artículo 261 del Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Según el texto aprobado, el juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, emitirá una resolución motivada basada en las actuaciones presentadas. Este mandato permitirá ordenar la detención preliminar cuando no exista flagrancia delictiva, pero haya elementos razonables para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años. Además, se requiere que las circunstancias del caso sugieran indicios de posibilidad de fuga u obstaculización de la averiguación de la verdad.
Un proceso sin segunda votación
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, explicó que, al tratarse de un dictamen de insistencia, no era necesaria una segunda votación. Para su aprobación, bastaba con obtener el voto favorable de más de la mitad del número legal de congresistas, tal como lo establecen el artículo 108 de la Constitución Política y el artículo 79 del Reglamento del Congreso.
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Durante el debate, el congresista Flavio Cruz (Perú Libre) solicitó un cuarto intermedio con el objetivo de delimitar los delitos y conductas que debían incluirse en el dictamen de insistencia. Sin embargo, su pedido no fue aceptado por el pleno.
Historia de la iniciativa legislativa
El pasado 5 de febrero, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, por mayoría, la insistencia sobre la autógrafa de ley observada previamente por el Poder Ejecutivo. Esta norma había sido aprobada inicialmente por el Pleno del Congreso el 14 de diciembre de 2024.
La iniciativa legislativa busca restablecer una herramienta procesal que permita a las autoridades judiciales intervenir de manera preventiva en casos donde no se configure flagrancia, pero existan indicios claros de riesgo para la investigación o la integridad del proceso.
