El congresista Isaac Mita Alanoca, de la bancada Perú Libre, presentó un proyecto de ley que busca permitir a los gobiernos regionales y locales destinar hasta el 10% de los recursos que reciben por canon para financiar actividades, proyectos y programas destinados a combatir la inseguridad ciudadana.
El proyecto de ley N.°8553/2024-CR resalta que la inseguridad es uno de los principales problemas que enfrenta la población peruana. Este fenómeno no solo afecta el bienestar de los ciudadanos, sino que también impacta negativamente en la productividad. Además, genera sobrecostos para las empresas, que deben lidiar con el crimen organizado.
«La seguridad ciudadana es fundamental para el bienestar de la población, para atraer la inversión extranjera y local, y para fomentar el turismo», se lee en el documento.
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La propuesta plantea la modificación del artículo 6° de la Ley 27506, Ley de Canon, para permitir que hasta un 10% de los recursos provenientes del canon se utilicen exclusivamente en actividades que aborden la inseguridad ciudadana. Esto dentro del marco de las competencias de los gobiernos regionales y locales.
El objetivo de la medida es garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad. Así como proteger las garantías individuales de los ciudadanos y las empresas en todo el país, en concordancia con lo que establece la Constitución.
El congresista Mita Alanoca subraya que «el Estado tiene la responsabilidad de fomentar el bienestar general y el desarrollo integral de la nación. Sin embargo, no puede haber bienestar en un contexto de inseguridad ciudadana». Añade que el aumento de la delincuencia requiere un enfoque que incluya medidas económicas para ser abordado efectivamente.
Ley del Canon
Actualmente, la Ley del Canon autoriza a los gobiernos regionales y locales a utilizar estos recursos para financiar o cofinanciar proyectos de infraestructura de impacto regional y local. Así como para el financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) en proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y el Programa Nacional de Vivienda Rural, en convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo Mi Vivienda.
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