De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) no existe evidencia de que un regulador multisectorial comparado con un regulador sectorial tenga mejores desempeños y resultados en el mercado y mejor eficiencia en la administración de recursos.
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Así lo dio a conocer el coordinador del programa de Política Regulatoria de la OCDE para Latinoamérica, Manuel Gerardo Flores, en base al estudio Equipping Agile and Autonomous Regulators (2022) realizado por esta organización intergubernamental, a través del cual recolectó información de indicadores específicos de los organismos reguladores de diversos sectores de 30 países.
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“El estudio analiza un número de arreglos específicos de los reguladores que tienen que ver distintos sectores. Sin embargo, no provee suficiente evidencia para llegar a conclusiones en cómo el modelo multisector afecta la eficiencia del regulador en el uso de recurso o en su habilidad para mejorar los resultados del sector”, señala el documento, según el funcionario de la OCDE.
Asimismo, el informe señala que se requiere más datos y análisis para comprender bajo qué condiciones el modelo multisector puede apoyar a un regulador más eficiente y más capaz y en qué aspectos de sus arreglos de recursos esto podría significar más importancia.
Flores indicó que en otro informe de la OCDE denominado Gobernanza de los reguladores, se hace una referencia específica al regulador multisectorial de Alemania como ejemplo de independencia de reguladores; pero, aclaró que esto se puede dar a reguladores tanto sectoriales como multisectoriales.
Reguladores peruanos buscan mejora continua
En otro momento, Manuel Gerardo Flores indicó en este gran esquema que se conoce como gobernanza regulatoria, los reguladores económicos como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) juegan un papel fundamental porque permiten que la regulación sea efectiva en su implementación, en su supervisión y que cumpla con los fines para los cuales fue creada.
“Los países miembros de la OCDE reconocen que la labor de los organismos reguladores económicos es fundamental para que los objetivos de políticas públicas, que se establecieron a través de la regulación, se cumplan”, apuntó.
Desde el año 2012, cuando inició el programa país de Perú con la OCDE, esta organización intergubernamental ha trabajado de manera muy cercana con el gobierno, pero también con los organismos reguladores peruanos.
Flores recordó que la primera evaluación que se hizo a los reguladores peruanos, tomó como punto de comparación la Recomendación del Consejo sobre Política y Gobernanza Regulatoria que establece el marco de actuación de la OCDE y que los países miembros están moralmente obligados a implementar. “Uno de los principios recomienda darle la gobernanza adecuada para que estos organismos reguladores puedan cumplir con su mandato”, enfatizó.
“Tras la evaluación realizada a los cuatro organismos reguladores, la OCDE concluyó que tenían un nivel de gobernanza sólido y siguen prácticas de mejora regulatoria sofisticadas”, dijo Flores, quien destacó que sujetarse a evaluaciones de la OCDE requiere de mucha valentía, porque se están sometiendo a la evaluación más estricta e imparcial del mundo.
Reguladores son el centro de la discusión
Por su parte, el presidente ejecutivo del OSIPTEL, Rafael Muente Schwarz, señaló que los organismos reguladores peruanos han sido consistentes en el tiempo al buscar acercarse a los parámetros de buenas prácticas en la regulación económica que predica la OCDE. “Muestra de ello es nuestra presencia constante en las evaluaciones de esta organización y en su comité de políticas regulatorias y la red de reguladores económicos OCDE”, acotó.
Muente señaló que los reguladores están en el centro de la discusión. “Debemos definir si queremos reguladores que respondan a las mejores prácticas y exigencias de la OCDE y a políticas públicas en beneficio de los usuarios y no a objetivos variantes del gobierno de turno o de intereses políticos», concluyó.
Estas declaraciones se dieron durante el conversatorio “La ruta hacia la OCDE: avances y desafíos en la regulación de servicios públicos en el Perú”, que se realizó en el marco de las actividades académicas del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo (GIDA), y en coordinación con la Escuela de Posgrado, la Escuela de Derecho, el Programa de Segunda Especialidad en Derecho Administrativo y la Maestría en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Para ver la transmisión del conversatorio, ingrese al siguiente enlace: https://fb.watch/svnf1tWvLP/
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