La bancada de Acción Popular presentó un proyecto de ley que sanciona hasta con 22 años de cárcel para los funcionarios que hagan mal uso de los recursos contra el Covid-19.
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Esta iniciativa legislativa, formulada por el legislador Leonardo Inga, busca establecer agravantes para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios en el uso de recursos destinados a combatir la pandemia.
Asimismo, considera la modificación de los artículos 384°, 387°, 388° y 389° del Código Penal, y establece penas más duras para los delitos de colusión simple y agravada, el peculado doloso y culposo y la malversación de fondos.
El proyecto establece que si el dinero que administra el funcionario corresponde a zonas declaradas en estado de emergencia, “la pena privativa de libertad será no menor a 4 ni mayor de 12 años”.
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