La Comisión Regional Anticorrupción, conjuntamente con responsables del área de infraestructura de cada Unidad de Gestión Educativa Local – Ugel, vienen realizando visitas inopinadas a diversas instituciones educativas para verificar que se cumpla efectivamente con invertir los recursos destinados por el Gobierno para mantenimiento de sus planteles y no se les de un uso irregular o distinto al previsto.
Así lo aseguró esta mañana el secretario técnico de dicha Comisión, el abogado Jaime Távara Alvarado, al indicar que ello responde a las numerosas denuncias al respecto que vienen entablando las Asociaciones de Padres de Familia – Apafas e instituciones educativas en el sentido que no se estaría cumpliendo con ello, ni priorizando temas urgentes como techos, puertas, ventanas, pisos, baños, bombas para agua de los planteles en mención.
El funcionario reconoce que si bien la mayoría de directores de colegios cumplen con alcanzar sus rendiciones de cuentas, a veces se presentan comprobantes de pago que no guardan relación con los trabajos que se efectúan, o se "inflan" montos, o actividades que no se han realizado.
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Es por ello que junto con las diversas Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) se está presentando algunos informes para que ante los temas de responsabilidad penal la procuraduría penal del Gobierno Regional formule la denuncia.
Indicó que esto ya ocurre con directores de instituciones educativas, a la vez que se les somete ante las Comisiones de Procesos Administrativos – Coproas de secretarías técnicas de las Ugel, para que determinen la responsabilidad administrativa que tendrían por ello.
Seis denuncias
Távara Alvarado indicó que en este marco se han hecho visitas a los colegios de Ignacio Merino, en Piura, así como en La Unión, en Paita al colegio San Francisco de Asís, además de otros. Señaló que en algunos casos se ha tenido la incomodidad de las direcciones de los colegios, pero deben comprender que es un trabajo necesario que se debe hacer por tratarse de recursos públicos que deben ser para provecho del colegio y no propio.
Detalló asimismo que en este año se tiene denunciados a tres directores por este tema, y además se cuenta con tres casos más en marcha para la emisión de los informes del caso, y corresponden a Piura, La Unión y Paita.
Explicó que en lo penal se debe ver la responsabilidad o delito que se puede tener, como malversación, colusión, etc., y en lo administrativo el incumplimiento de funciones de los directores.
Finalmente, el funcionario mencionó que los montos asignados por el Gobierno varían de acuerdo a la institución educativa, y comprenden entre 5 mil a 30 mil soles, lo cual debe ser rendido con documentos y comprobantes de pago fidedignos, que deben ser verificados para asegurar que el dinero se use correctamente.
