Los funcionarios de la Municipalidad de Talara tienen responsabilidad penal y administrativa en el proyecto de rehabilitación de la I. E N°616 «Felipe Santiago Salaverry». Ello tras beneficiar a un único postor para una obra valorizada en S/ 1 887 673,57. Así lo indicó la Contraloría.
Asimismo, la Contraloría señaló que el comité de selección consintió la buena pro fuera del plazo establecido en la normativa vigente. Esto benefició al postor ganador al contar con mayor tiempo para el perfeccionamiento del contrato.
A pesar que la empresa no cumplía con acreditar la experiencia mínima requerida para el residente de obra, ganó dicha licitación.
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Irregularidades
Conforme al acta de apertura de sobres, admisibilidad, evaluación técnica, económica y otorgamiento de buena pro del procedimiento de selección, se presentó a través del SEACE el 14 de enero de 2022 solo la oferta electrónica de una empresa contratista.
Al haberse presentado una sola oferta, el consentimiento debió producirse el mismo día de la notificación del otorgamiento de la buena pro (21 de enero de 2022), pero este consentimiento se dio cinco días después, con lo cual se transgredieron las bases integradas y el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
Además de ello, en los requisitos para la firma del contrato se debía incluir la constancia para capacidad libre de contratación del postor ganador. Pero dicho trámite recién fue iniciado el 27 de enero de 2022, un día después del plazo para la presentación de los documentos.
La comisión de control determinó que el postor ganador solo acreditó una experiencia efectiva acumulada de la residente de obra propuesta por 1.95 años, muy por debajo de la experiencia mínima (4 años) para dicha profesional.
Se identificó responsabilidad penal y administrativa en tres miembros del comité de selección, uno de ellos jefe de la Unidad de Logística, incluso recomendó al Órgano Instructor para el procesamiento de estos funcionarios bajo la potestad sancionadora de la Contraloría. También identificó responsabilidad administrativa en el jefe de la oficina de Asesoría Jurídica.
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