Ayer se presentó el proyecto de ley N 06648-2020/CR, mediante el cual se pretende eliminar la inmunidad parlamentaria. Así como reducir la prohibición para procesar a quien ocupe el cargo de presidente de la República.

La iniciativa legislativa impulsa que la Comisión Permanente acuse a los parlamentarios “durante el ejercicio de su cargo” y hasta cinco años después de acabar su gestión. Ello implica la reforma de los artículos 93, 99, 100 y 117 de la Constitución Política del Perú.

Cabe resaltar que el proyecto alcanza al presidente de la República y los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Así como a los ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y vocales de la Corte Suprema.

Además, los fiscales supremos, el defensor del pueblo y el contralor general también podrán ser parte de una acusación de la Comisión Permanente ante el Pleno. Por lo que podrán “suspender, inhabilitar hasta por diez años o destituir del cargo” al funcionario.

Juicio al presidente

Respecto al juicio político al mandatario de turno, el parlamentario propone modificar el artículo 117 de la Carta Magna. Así, se añade que el presidente podrá ser acusado por “delitos contra el patrimonio del Estado cometidos durante su mandato o con anterioridad”.

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Según el congresista Jim Mamani, “la finalidad de este proyecto de ley es eliminar todos los privilegios en materia penal. Que injustificadamente han tenido por años los altos funcionarios del Estado».

«Siendo la más conocida la inmunidad parlamentaria, antejuicio por delito de función y la prohibición de procesar al presidente durante su mandato”, agregó.

Asimismo, señaló que los políticos se dieron cuenta que la inmunidad parlamentaria se ha convertido en una herramienta de impunidad. La cual buscan los investigados por la fiscalía para postular al Congreso sin mayor complicación.

«Esta propuesta busca hacer cumplir dos principios fundamentales: la igualdad ante la ley y la lucha contra la corrupción”, añadió Mamani.

Se debe mencionar que al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto tendrá que ser aprobado en dos legislaturas o ser sometido a referéndum.

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