Las demandas de alimentos, que en casos de incumplimiento reiterado en el pago de las pensiones, devienen en procesos penales por omisión a la asistencia familiar, son la manifestación de un problema social.
En lo que va del presente año ya se han registrado 277 denuncias de omisión a la asistencia familiar en las Fiscalías de Piura, Castilla, Catacaos, Tambogrande, Sechura, Paita, Morropón y Huancabamba.
Y en el 2017 los casos por ese delito llegaron a 2,517, de acuerdo a las estadísticas del Área de Gestión de Indicadores del distrito fiscal de Piura.
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CIFRAS
En las dos Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Morropón se han registrado al 21 de febrero de este año 87 denuncias de omisión a la asistencia familiar.
En tanto, las tres Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de Piura suman 81 denuncias. En las dos Fiscalías Corporativas de Sechura 35; en las dos Fiscalías Penales de Castilla llegan a 27.
En las dos Fiscalías Penales de Tambogrande 17; en las dos Fiscalías Provinciales Penales de Paita 12; en las dos Fiscalías Penales de Huancabamba 11; en las dos Fiscalías Penales de Catacaos 7.
El año pasado las cifras fueron en las fiscalías de Piura 969; en Morropón 368; en Huancabamba 313; en Paita 219; en Sechura 214; Castilla 172; Tambogrande 144; Catacaos 118.
CARGA Y DEMORA
“Cada año va aumentando la carga de procesos de alimentos; en primer lugar hay falta de jueces, son pocos los jueces que tiene Piura para las demandas de alimentos y de procesos en general. Aunque es más notorio en los procesos de alimentos”, dijo el abogado Lucio Seminario Encalada.
De los ocho juzgados de paz letrados de Piura, solo tres conocen casos de alimentos, y son el Primero, Tercero y Sétimo, que funcionan en la calle Tumbes. Y en Castilla hay un Juzgado de Paz Letrado.
Éstos resultan insuficientes para la población que atienden y las demandas que se generan, alegó en general el exdecano de abogados.
CASO 459 – 2008
En el expediente 459 – 2008, contra César Augusto Castro Rosales, que se ventila en el Séptimo Juzgado Penal de Paz Letrado de Piura, la demandante reclama que la jueza Zugueith Farías Coronado está demorando en practicar la liquidación que corresponde de julio de 2012 hasta octubre 2015, si bien en octubre del 2017 el Tercer Juzgado de Familia anuló el auto que declaraba infundada la observación formulada por Castro Rosales.
Y en forma paralela la demandante presentó un escrito para que el juzgado practique la liquidación de noviembre del 2015 hasta abril del 2017 y aun no se pronuncia.
“Los plazos han vencido en demasía, pues en estos casos son mínimos, de 5 días hábiles y este caso ya tiene 10 años. Y si bien puede haber una elevada carga procesal, tratándose de temas de alimentos existe el interés superior del niño, que tiene que estar protegido”, expresó la demandante.
Señaló que Castro “es empresario y no se está poniendo en peligro su integridad, pero lo que está haciendo es dilatar, pagando innecesariamente a un abogado, cuando lo que debería hacer es consignar el monto de la pensión, que es además mínima, de 250 soles mensuales”.
Fuente: Diario Correo
