El Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país, por 12 meses, para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y dos exministros; como parte de la investigación de un caso vinculado con la empresa Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

La decisión fue tomada por el juez Jorge Chávez, en el marco de la investigación de presuntos actos de corrupción durante el Proyecto Carretera Interoceánica Perú-Brasil IIRSA Sur.

En su resolución, publicada este miércoles, el juez ordenó la misma medida para los exministros René Cornejo y José Ortíz; que junto con Kuczynski los investigan por la presunta comisión del delito de colusión desleal en agravio del Estado.

De esa manera, Chávez aceptó en parte un requerimiento que hizo el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, integrante del equipo especial Lava Jato en Perú, quien solicitó que 36 meses de impedimento de salida del país para el exmandatario.

Decisión 

En su decisión, el juez consideró que el plazo de 12 meses es un “tiempo razonable” para que la Fiscalía realice una investigación a profundidad de los hechos. Ello, para que pueda llevar a cabo diligencias y actuaciones trasnacionales.

Según la Fiscalía, cuando Kuczynski fue ministro de Economía de Toledo también ocupó la jefatura del organismo estatal Proinversión; donde “presuntamente (habría) defraudado al Estado” al concertar con representantes de Odebrecht, sus asociadas y funcionarios públicos.

Esto permitió, según Pérez, favorecer a la constructora en el proceso de concesión del Proyecto Corredor Vial Interoceánica Perú-Brasil IIRSA SUR, tramo 2 y 3, lo que ocasionó un perjuicio patrimonial al Estado peruano.

Kuczynski, quien renunció a la presidencia peruana en marzo de 2018; cumple desde abril de 2019 una orden de arresto domiciliario; ello, mientras se investiga por la presunta vinculación de una de sus empresas con presuntos pagos ilícitos de Odebrecht.

Finalmente, el expresidente también ha sido implicado en la investigación de los “papeles de Pandora”; ya que se señala que adquirió una empresa en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía de Toledo.

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