El Ejecutivo aprobó y publicó el pasado jueves 18 el reglamento de la ley que otorga retribuciones económicas a quienes proporcionen datos que ayuden a la detención de delincuentes y miembros de grupos armados. En el caso de jefes de bandas criminales o autores de delitos de alta lesividad, el colaborador recibiría entre 100 mil y 500 mil soles.

De acuerdo al reglamento, aquellos ciudadanos que colaboren con las autoridades para la ubicación y detención de criminales serán beneficiados con un monto compensatorio establecido. Las cantidades ya se encuentran fijadas por escalas y van desde los 100 mil hasta los dos millones de soles, según el grado jerárquico que ocupe el sujeto identificado dentro de la organización criminal.

Así lo dispone el Decreto Supremo Nº 011-2016-PCM, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo Nº 1180. La norma será acatada, de forma obligatoria, por todos los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como por los agentes de las Fuerzas Armadas, además de las entidades difusoras de la norma, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa.

La norma también establece el funcionamiento de la Comisión Evaluadora de Recompensas contra el Terrorismo y la Comisión Evaluadora de Recompensas contra la Criminalidad, organismos adjuntos que se encargarán del procedimiento y la votación para el otorgamiento del beneficio.

El procedimiento constará de cinco etapas en las que, primero, se recibirá la información proporcionada para su posterior verificación hasta la formulación del expediente de recompensa, su evaluación y el consecuente pago del beneficio. Es preciso señalar que cada fase contará con un plazo máximo de 30 días, palazo que puede extenderse con la justificación debida.

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Millonarias retribuciones

La suma compensatoria en el caso de integrantes o miembros de grupos armados llegará a los 100 mil soles, mientras que en el de cabecillas alcanzará el medio millón de soles. Dentro esta última categoría, se considerarán tres tipos de jefaturas terroristas: mandos políticos, mandos militares y mandos logísticos. De otro lado, las colaboraciones que conlleven a la detención de dirigentes o secretarios generales terroristas serán recompensadas hasta con dos millones de soles.

Por otro lado, los otros delitos graves comprendidos en los procesos de colaboración son el secuestro, la trata de personas, la violación al secreto de las comunicaciones, la pornografía infantil, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos, el sicariato, el homicidio calificado, entre otros. Cualquier contribución determinante para la captura de integrantes o partícipes de estos delitos será premiada hasta con 100 mil soles.

En el caso de informar sobre autores o partícipes de delitos de alta lesividad con repercusión nacional o internacional, la suma ascenderá hasta a 150 mil soles. Mientras que el informante cuya colaboración garantice la captura de jefes o cabecillas de organizaciones criminales será recompensado hasta con medio millón de soles.

Cabe precisar que los montos invertidos en la recompensa no afectarán de manera adicional  el tesoro público, pues serán las instituciones competentes las que destinen parte de su presupuesto anual para cubrirlos.

Colaboradores permanecerán anónimos

Con el objetivo de preservar la seguridad integral del ciudadano que contribuya con información relevante para la captura de criminales, el funcionario policial o militar le asignará un código secreto durante todo el procedimiento. Así, los datos reales del colaborador serán únicamente custodiados por el instructor de la unidad y no se anexarán al expediente de recompensa.

Además, con previa declaratoria de herederos y en caso de que el colaborador fallezca antes de recibir la retribución económica, los beneficiarios del monto podrán ser miembros directos de su familia.

Otro aspecto que dispone la norma es la prohibición del beneficio para policías y miembros de las Fuerzas Armadas que se encuentren tanto en actividad como en retiro. Sin embargo, esta última excepción podrá revertirse siempre que haya transcurrido un año como mínimo desde el pase a retiro.

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