El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) acordaron acciones para fortalecer la gestión ambiental en el Establecimiento Penitenciario de Piura, ubicado en el distrito de Castilla. La iniciativa surge tras una supervisión orientativa que identificó acumulación de residuos sólidos y uso inadecuado del efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales. Con este compromiso, ambas entidades buscan implementar mejoras progresivas que permitan un manejo adecuado de los residuos y reduzcan riesgos ambientales en la zona.
Gestión de residuos sólidos en el penal de Piura
Durante la supervisión orientativa realizada por el OEFA se identificó la acumulación de aproximadamente 320 metros cúbicos de residuos sólidos no peligrosos, dispuestos directamente sobre el suelo sin una base impermeable. Esta condición genera riesgos asociados a la contaminación del área y exige la adopción de medidas inmediatas.
Como parte del acta de compromiso, el INPE retirará y dispondrá de manera adecuada los residuos acumulados, además de limpiar el área utilizada como acopio temporal. También deberá instalar contenedores que permitan un almacenamiento seguro y alineado con las disposiciones ambientales vigentes.
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Evaluación del sistema de aguas residuales y mejoras progresivas
La supervisión del OEFA también evidenció que el efluente de la planta de tratamiento de aguas residuales se usa para el riego de cultivos, pese a que presenta concentraciones que superan los límites máximos permitidos. Por ello, el INPE realizará una evaluación técnica integral del sistema de tratamiento y, según sus resultados, ejecutará las mejoras necesarias.
Las acciones acordadas se desarrollarán de manera progresiva en un plazo estimado de 160 días hábiles. Estas medidas tienen como finalidad prevenir la contaminación del suelo, los cultivos y la fauna local; evitar malos olores y la proliferación de vectores; y proteger la salud de la población cercana al establecimiento penitenciario.
Dato:
Desde el 17 de marzo de 2025, el OEFA asumió las funciones de fiscalización ambiental del sector Justicia, que comprende las infraestructuras de readaptación y reinserción social. En esta primera etapa, su intervención mantiene un enfoque orientativo.
