A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, las propuestas de seguridad ciudadana de los candidatos presidenciales han cobrado protagonismo en el debate público. Sin embargo, el especialista en derecho administrativo y docente universitario Guillermo Chang advirtió que las metas de reducción de la delincuencia planteadas por Fuerza Popular y Juntos por el Perú resultan difíciles de sustentar debido a la falta de medidas concretas para alcanzarlas.
Mientras Fuerza Popular propone reducir la criminalidad en un 20 %, Juntos por el Perú plantea una disminución de hasta el 70 % hacia el 2031. Para Chang, ninguna de las dos cifras puede considerarse realista si no están acompañadas de estrategias específicas, presupuesto definido y mecanismos de ejecución claramente establecidos.
“El problema no es fijar una meta, sino explicar cómo se logrará”, sostuvo el especialista para Walac Noticias. Según explicó, la delincuencia es un fenómeno complejo que depende de múltiples factores. Ante esto, aseguró que resulta difícil garantizar porcentajes de reducción sin un plan detallado que permita medir avances y resultados.
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Inteligencia policial y cooperación internacional
Chang señaló que el principal desafío del país no pasa únicamente por aumentar la presencia policial o militar en las calles. Para el especialista, es necesario fortalecer los sistemas de inteligencia para combatir organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la trata de personas y otros delitos transnacionales.
En el caso de Piura, destacó que su cercanía con Ecuador la convierte en una zona estratégica para el tránsito de actividades ilícitas. Este contexto exige una coordinación permanente entre instituciones nacionales y organismos internacionales. Asimismo, indicó que la lucha contra organizaciones criminales requiere un trabajo articulado entre varios países debido a su carácter transnacional.
El especialista diferenció además la delincuencia común, como robos y asaltos, de los delitos de mayor escala vinculados al crimen organizado. En ese sentido, consideró que las políticas de seguridad deben enfocarse en reducir la sensación de inseguridad ciudadana mediante acciones concretas y sostenibles en el tiempo.
Las promesas de campaña recién podrían ejecutarse desde 2027
Respecto a la viabilidad de las propuestas electorales, Chang recordó que muchas de las iniciativas anunciadas durante la campaña no podrían implementarse de inmediato. Explicó que el presupuesto público del 2026 ya se encuentra parcialmente ejecutado cuando asuma el nuevo gobierno el próximo 28 de julio. Tras ello, explicó que las nuevas políticas tendrían que incorporarse recién en el presupuesto del año siguiente.
“Las medidas que impulse la próxima administración recién comenzarían a ejecutarse desde el 2027”, precisó. Por ello, consideró necesario que la ciudadanía evalúe no solo las promesas de campaña, sino también los plazos reales que demanda la gestión pública para concretar proyectos y reformas.
Finalmente, el especialista exhortó a los electores a revisar los planes de gobierno y los equipos técnicos que acompañan a cada candidatura, al considerar que la ejecución efectiva de las políticas públicas dependerá tanto de las propuestas como de la capacidad profesional de quienes tendrán a cargo su implementación.
