El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, señaló que su gestión aplicará medidas estrictas para combatir la corrupción y la infracción de normas dentro de los establecimientos penitenciarios del país. La estrategia incluye sanciones severas para internos y la separación inmediata de funcionarios involucrados en actos ilícitos.
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Operativos y control de objetos prohibidos en penales
En los últimos días, el Ministerio de Justicia ha realizado operativos en varios penales del país, incluyendo Lurigancho, Castro Castro, Chimbote, Cambio Puente y Aucallama en Huaral. Durante estas acciones se incautaron objetos prohibidos como radios hechizas, cuchillos, armas punzo cortantes, parlantes, válvulas de gas, artefactos electrónicos y bebidas alcohólicas artesanales fabricadas dentro de los penales.
“Estas medidas buscan eliminar las facilidades con las que las bandas delictivas operan desde dentro de los penales”, afirmó el ministro Martínez, quien destacó que estas acciones forman parte de un paquete de medidas para los 69 establecimientos penitenciarios del país.
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Pabellones de máxima seguridad y control de internos de alto riesgo
El plan contempla la creación de pabellones de máxima seguridad en los penales, destinados a internos que integran bandas peligrosas dedicadas a extorsión y otros delitos. Estas áreas tendrán restricciones en accesos, visitas y beneficios, buscando cortar los nexos con el exterior y reducir la reincidencia delictiva.
Martínez Laura destacó que los beneficios penitenciarios no son automáticos y se otorgarán solo a internos que cumplan estrictamente las condiciones de estudio, trabajo y resocialización, mientras que los delincuentes de alta peligrosidad cumplirán sus condenas sin acceso a reducciones o libertades anticipadas.
Hacinamiento y seguridad penitenciaria
El ministro resaltó que el hacinamiento es un problema crítico en los penales, con una capacidad aproximada de 45,000 a 48,000 internos frente a una población superior a 100,000. Esto dificulta la clasificación adecuada de internos y favorece condiciones propicias para actividades ilícitas.
Por ello, se realiza un diagnóstico detallado para mejorar la distribución de internos, fortalecer los controles durante las visitas y aplicar sanciones a funcionarios involucrados en actos de corrupción que faciliten el ingreso de sustancias y objetos prohibidos.
