La minería ilegal se ha expandido con rapidez en el país durante los últimos cinco años y Piura no ha sido ajena a esta tendencia. Así lo señaló Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), quien advirtió sobre el impacto creciente de esta actividad ilícita y destacó el potencial de la minería formal como alternativa de desarrollo regional.
- Lee también: Especialista advierte que el río Piura podría desbordarse más rápido que en 2017 por acumulación de sedimentos
Minería ilegal crece y se vincula a más delitos
De acuerdo con estimaciones del IPE, en 2025 el oro ilegal exportado desde el Perú alcanzó un valor aproximado de 11 500 millones de dólares, reflejando la magnitud económica de esta actividad.
En Piura, la problemática se concentra principalmente en zonas de frontera como Ayabaca y Sullana, donde la actividad se ha expandido de manera progresiva.
Únete al canal de WhatsApp
Durante ese mismo año, la región registró 62 denuncias vinculadas a minería ilegal, lo que representa un incremento cercano al 32 % respecto al año anterior. Además, la tasa de denuncias por extorsión en Piura es casi 80 % mayor que el promedio nacional.
Herrera explicó que la minería ilegal suele estar asociada a otros delitos como el tráfico de insumos y la trata de personas, lo que fortalece redes de criminalidad organizada.
Impacto ambiental y desafíos institucionales
La especialista indicó que el crecimiento de la minería ilegal responde, en parte, a la inestabilidad política y a la falta de continuidad en políticas públicas. Aunque existen mecanismos de formalización como el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), su implementación enfrenta limitaciones técnicas y de gestión.
En el plano ambiental, esta actividad genera deforestación y contaminación, especialmente en zonas amazónicas, al no cumplir con estándares ambientales ni asumir responsabilidades por los pasivos generados.
Minería formal como alternativa de desarrollo
Frente a este escenario, Herrera destacó que la minería formal tiene un importante efecto multiplicador en la economía.
“En el IPE estimamos que por cada empleo directo que se genera en la minería formal, se crean ocho adicionales en sectores vinculados”, señaló. Esto significa que cada puesto directo puede traducirse en nueve empleos en total, considerando actividades conexas como transporte, servicios y construcción.
Además, la minería formal contribuye con el pago de impuestos, regalías y transferencias por canon a los gobiernos regionales y locales, recursos que pueden destinarse a infraestructura, salud y educación.
Experiencias en regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna muestran que el desarrollo de proyectos formales puede contribuir a reducir brechas sociales y dinamizar la economía local.
La economista advirtió que, si los proyectos formales no avanzan, la minería ilegal continuará expandiéndose con mayores impactos ambientales y de seguridad. Por ello, instó a impulsar una estrategia integral que fortalezca la minería formal como alternativa de desarrollo sostenible para Piura.
