Por Jesús Alberto Juárez Eyzaguirre
Especialista en Medicina Integral y Gestión en Salud
Hace algún tiempo desperté sobresaltado después de un sueño que aún recuerdo con claridad. En él, llevaba de emergencia a mi padre, un adulto mayor con fibrosis pulmonar causada por años de exposición laboral a humos sin la protección adecuada. Una infección había agravado su estado y su nivel de oxígeno descendía peligrosamente.
Al llegar al principal hospital público de Piura, la respuesta fue devastadora: no había camas disponibles. El área de emergencia estaba completamente colapsada. Pacientes aguardaban atención en sillas, conectados a sueros y balones de oxígeno, mientras el personal hacía lo imposible con los escasos recursos que tenía. En ese escenario, mi padre no recibió la atención especializada que necesitaba y terminó falleciendo ante mi impotencia.
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Desperté llorando. Solo había sido un sueño. Sin embargo, para miles de familias peruanas esa escena no termina al abrir los ojos. Es la realidad cotidiana de un sistema de salud que parece haberse acostumbrado a la precariedad, donde enfermar puede convertirse en una condena y recibir una atención digna depende, muchas veces, de la suerte o de la capacidad económica del paciente.
El drama no acaba con conseguir una cama. Luego vienen las interminables esperas para una cita médica, la falta de especialistas, los exámenes que no pueden realizarse por falta de equipos, la escasez de medicamentos e insumos y, en muchos casos, la obligación de comprar por cuenta propia lo que el hospital debería proporcionar. Es un sistema que obliga al ciudadano a luchar no solo contra la enfermedad, sino también contra sus propias deficiencias.
El contraste con países como Noruega resulta inevitable. Allí, la salud es un derecho garantizado mediante un sistema público eficiente, universal y de calidad. Mientras ese país invierte en prevenir enfermedades y fortalecer la atención primaria, en el Perú seguimos reaccionando cuando el paciente ya está grave, con hospitales saturados y servicios insuficientes. No se trata únicamente de disponer de más presupuesto, sino de gestionar mejor, planificar con visión de largo plazo y convertir la salud en una verdadera prioridad nacional.
Las cifras pueden indicar que más del 90 % de los peruanos cuenta con algún tipo de seguro de salud. Sin embargo, esa cobertura resulta engañosa cuando obtener una consulta especializada toma meses, una cirugía puede postergarse indefinidamente o un paciente con cáncer enfrenta retrasos que reducen sus posibilidades de sobrevivir. Estar asegurado no significa estar realmente protegido.
La enfermedad no debería convertirse en un factor de pobreza, desesperación o muerte evitable. Un país no puede llamarse desarrollado si sus ciudadanos sienten miedo de acudir a un hospital público porque desconocen si encontrarán una cama, medicamentos o simplemente atención oportuna.
Más allá de cualquier comparación internacional, el Perú necesita decidir qué modelo de salud quiere construir. Continuar administrando la crisis solo prolongará el sufrimiento de millones de personas. La verdadera reforma no consiste en inaugurar hospitales o anunciar nuevas inversiones, sino en garantizar que cada peruano reciba una atención digna, oportuna y de calidad cuando más la necesita.
Porque la enfermedad ya representa una carga suficientemente dura. Lo que resulta inaceptable es que el propio Estado termine convirtiéndola en un drama aún mayor.
