La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura, Diana Zapata Miranda, ordenó la prisión preventiva por nueve meses para Juan Luis Farfán Inga, Yohnny Abel Boyascky Paredes y José Santos Chunga Calderón, a quienes el Ministerio Público investiga por el presunto delito de extorsión en agravio de un empresario al que le habrían pedido el pago de 25 mil soles por concepto de “chalequeo”.
De acuerdo a lo resuelto por la jueza Zapata Miranda, en el caso de estos tres sujetos se cumpliría con los tres requisitos para dictar la medida de prisión preventiva; existencia de graves y fundados elementos de convicción de vinculen a los investigados con la comisión del delito, que la pena probable a imponer supere los cuatro años de pena privativa de la libertad y que exista peligro procesal y de fuga.
Dentro de los elementos de convicción se tienen los documentos que acreditan que los tres investigados fueron detenidos en el asentamiento Nueva Esperanza de Piura, cuando se repartían el dinero producto de la presunta extorsión al representante de la empresa que tiene a cargo trabajos de reconstrucción en el dique izquierdo del río Piura.
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También está la denuncia interpuesta por el agraviado José Flores Castillo, donde se registra que el pasado 19 de julio recibió mensajes donde se le pedía pagar 25 mil soles por “chalequeo” de la obra que viene realizando la constructora a su cargo.
Luego, las autoridades policiales procedieron a realizar un operativo para capturar a los presuntos integrantes de la banda de extorsionadores, procediendo a fotocopiar los billetes y una vez realizado el pago por parte del agraviado en un conocido hotel del centro de la ciudad, la policía logró detener a los implicados.
Respecto a la probable pena a imponer se tiene que en la presente investigación el delito sería el de extorsión agravada, cuya condena superaría ampliamente los cuatro años de pena privativa de la libertad. Además, existe peligro procesal porque no se ha podido acreditar un arraigo de calidad para los tres investigados.
Para el caso de Luis Arturo García Aguilar, la jueza ordenó que este afronte el proceso que se le sigue bajo comparecencia con restricciones, es decir; tendrá que cumplir normas de conducta y el pago de una garantía económica de 4 mil soles que deberá depositar en el Banco de la Nación, en caso de su incumplimiento se le revocará dicha medida y se dispondrá su internamiento preventivo en el penal.
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