El economista Guillermo Dulanto señaló que el debate sobre el proyecto minero El Algarrobo, en Tambogrande, debe centrarse en el impacto ambiental real de la tecnología que se utilizará y no únicamente en posiciones ideológicas o políticas frente a la actividad extractiva.
Durante una entrevista en el programa Bajo la Lupa, en Radio La Mejor, Dulanto afirmó que el principal criterio para aceptar o rechazar un proyecto minero debe ser su capacidad para operar sin afectar el medio ambiente ni la actividad agrícola.
“Si es una tecnología que respeta el medio ambiente, yo no le veo una razón para oponerse. Si es una tecnología contaminante, evidentemente nadie estaría de acuerdo”, sostuvo.
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El economista analizó el escenario social que enfrenta Tambogrande, donde sectores de la población mantienen una postura crítica frente a la minería formal, mientras persisten actividades vinculadas a la minería ilegal e informal en distintas zonas del distrito.
Minería ilegal e informal
En ese contexto, remarcó la necesidad de diferenciar entre minería informal desarrollada en concesiones y minería ilegal ejecutada en tierras agrícolas o fuera del marco regulatorio. Según explicó, esta última genera impactos negativos vinculados a contaminación ambiental, evasión tributaria, inseguridad y expansión desordenada de actividades extractivas.
Dulanto indicó que el conflicto reúne distintos intereses y preocupaciones, entre ellos el temor de agricultores por posibles afectaciones a sus cultivos. Además, las posiciones de organizaciones ambientalistas y la presencia de actores ligados a economías ilegales.
Frente a ello, consideró que el rol del Estado debe orientarse a facilitar espacios de diálogo técnico entre la empresa minera y la población. En particular, señaló que los agricultores tienen derecho a conocer de manera detallada qué procesos y tecnologías serán empleados en el proyecto y cuáles serían sus posibles impactos.
Contaminación ambiental
Asimismo, advirtió que la contaminación ambiental no solo puede provenir de la minería, sino también de malas prácticas agrícolas asociadas al uso de pesticidas de baja calidad.
Sobre la minería ilegal, Dulanto planteó que el Estado debe reforzar las acciones operativas y regulatorias para recuperar el control en las zonas afectadas. Entre las medidas propuestas mencionó prohibir el transporte ilegal de mineral para permitir intervenciones policiales en carreteras y fortalecer presupuestalmente a la Dirección Regional de Energía y Minas para ejecutar labores de fiscalización en áreas de difícil acceso.
Finalmente, sostuvo que estas acciones deben complementarse con la aprobación de la Ley MAPE y una estrategia integral que permita recuperar el principio de autoridad en territorios afectados por la minería ilegal.
