El Ministerio Público aceptó los compromisos que exige la justicia de Brasil para entregar la información contenida en los sistemas informáticos que usó la constructora Odebrecht para registrar sus actividades ilícitas.
Según explicó el coordinador del equipo especial encargado de investigar el caso Lava Jato, Hamilton Castro, la Fiscalía aceptó los términos de compromiso que las autoridades fiscales brasileñas impusieron para el traslado de la información referida a actos de corrupción que fueron registrados en ambos softwares.
Se trata de los sistemas informáticos My Web Day y Drousys, los cuales fueron utilizados por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht o la denominada “Caja 2”, en Suiza, donde se realizaba la contabilidad paralela de las actividades ilícitas de la constructora brasileña.
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Requerimientos cumplidos
Castro comentó que entre los requerimientos que las autoridades brasileñas hicieron está el compromiso de usar la información para fines de las investigaciones fiscales, por lo que no se podrá hacer uso político de esta, pero sí podrá ser derivada a otras fiscalías especializadas con el objetivo de iniciar nuevas investigaciones fiscales o sumar elementos de convicción a investigaciones en curso.
Esta información que las autoridades peruanas recibirán de Brasil es la misma que la Fiscalía solicitó a las autoridades de Suiza en diciembre de 2016, la misma que fue reiterada en varias oportunidades mediante mecanismos de cooperación judicial internacional, pero cuya respuesta aún está pendiente.
El fiscal dijo también que el apoyo de la Fiscalía General Brasileña fue posible gracias a las gestiones que realizó el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ante la procuradora general de Brasil, Raquel Dodge, en reuniones bilaterales realizadas en Paraguay para agilizar las solicitudes de asistencia judicial internacional.
Investigaciones
Al respecto, Sánchez comentó que el país debe tener claro la mayor complejidad de esta investigación sobre los actos de corrupción de las empresas brasileñas, en comparación a los casos de corrupción de la década de 1990.
Según precisó, la investigación a empresas extranjeras y a cuatro expresidentes de la República busca sancionar a quienes recibieron coimas. Además, descartó que exista algún tipo de persecución.
“Acá no hay persecución de ningún tipo, lo que venimos haciendo los fiscales es investigar con autonomía, buscando que se sancione a quienes cometieron delitos”, apuntó.
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