La Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Piura formalizó una investigación preparatoria contra 55 personas que integrarían la presunta organización criminal denominada «Los Ilegales de la Mina de Sal Azul». Según la hipótesis del Ministerio Público, la red la habría liderado Miguel Henry Zavaleta Amaya.
La investigación comprende los presuntos delitos de organización criminal, usurpación y lavado de activos, relacionados con la explotación de la Mina de Sal Sechura y la ocupación de terrenos pertenecientes a la Comunidad Campesina San Martín.
Ministerio Público ordena nuevas diligencias
Como parte de las acciones dispuestas, la Fiscalía requirió que Miguel Henry Zavaleta Amaya y los integrantes de la denominada Junta Transitoria entreguen, en un plazo de 30 días, toda la documentación contable, administrativa y financiera vinculada a la explotación y comercialización de sal.
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Además, deberán informar sobre las cuentas bancarias, billeteras digitales y demás mecanismos utilizados para recibir dinero. El Ministerio Público advirtió que la falta de entrega de esta información se considerará durante el desarrollo de la investigación.
Asimismo, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) de Piura realizará operativos e intervenciones de inteligencia en la mina de sal de Bayóvar para identificar el movimiento de vehículos y personas presuntamente relacionadas con los hechos investigados.
Solicitan levantar el secreto bancario
Dentro de las diligencias también se solicitó el levantamiento del secreto bancario, tributario y de las comunicaciones de los investigados. Además, de la realización de pericias contables, financieras y ambientales para establecer el origen de los recursos económicos, el movimiento financiero y el posible impacto ambiental derivado de las actividades investigadas.
Las declaraciones de los investigados se programaron desde el 1 de julio y el 5 de agosto. La disposición fiscal reúne 87 hechos que sustentan la investigación, entre ellos operaciones vinculadas al transporte y comercialización de sal, respaldadas por más de 300 documentos y otros elementos de convicción recopilados por el Ministerio Público.
