La Familia Chumpitaz Panta ha emitido un comunicado en respuesta a los recientes acontecimientos ocurridos en su propiedad, el fundo Miragarzón, en La Unión. Estos eventos incluyen la muerte de un menor de 12 años, Jordan Flores, y los posteriores ataques violentos que dejaron pérdidas materiales significativas.
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En el documento, la familia afirma ser víctima de una serie de agresiones y actos delictivos que han escalado hasta convertirse en una situación crítica. Denuncian invasiones constantes a sus terrenos, amenazas de muerte y actos de vandalismo que incluyeron la quema de viviendas, vehículos y cultivos.
Versión de los hechos según la familia Chumpitaz
El comunicado detalla que el día sábado 29 de marzo, un mototaxi de color negro y azul ingresó sin permiso a su parcela, rompiendo candados y avanzando a gran velocidad hacia la parte alta de las casas. Según su versión, una persona que viajaba en el vehículo descendió y agredió físicamente a su sobrina, Lily Amaya, quien resultó atropellada durante el intento del conductor por huir.
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La familia asegura desconocer la edad de los ocupantes del mototaxi en ese momento y lamenta profundamente la muerte del menor involucrado. Aclaran que asumirán las responsabilidades legales que correspondan según las investigaciones en curso.
Ataques violentos y daños materiales
Pese a ello, destacan que el lunes 31 de marzo, una turba organizada irrumpió violentamente en su propiedad, quemando viviendas, vehículos y robando pertenencias. Además, señalan que estas personas mataron ganado, destruyeron cercos y arrasaron con cultivos, dejando solo escombros.
Denuncian que estos actos fueron perpetrados por «elementos de mal vivir» y afirman que las amenazas continúan a través de redes sociales, donde grupos anónimos prometen seguir atacando sus propiedades y sembríos.
Solicitudes a las autoridades
Ante esta situación, la familia Chumpitaz exige garantías personales para protegerse de las amenazas de muerte. Dirigen su petición a la Subprefectura Distrital, Subprefectura Provincial y Prefectura Regional para garantizar la seguridad de sus miembros. También solicitan a las autoridades judiciales una investigación exhaustiva y objetiva que revele el fondo real de los acontecimientos.
