Los miembros del consorcio SATEC (Ecuador)–IRPM Latam (Perú), encargados de construir el hospital modular COVID-19 en Talara, se han denunciado mutuamente por extorsión, usurpación y apropiación ilícita, originando demora en dicha obra.
Al respecto, el mismo Petroperú anunció que en octubre ya empezaba a funcionar, lo cual no sucedió. Actualmente, señala que se inaugurará la próxima semana.
Extorsión y falsedad genérica
Las primeras denuncias se formularon por el representante de IRPM Latam contra Patricio Urrutia y Romel Andrango Díaz. Estas se dieron por presuntos delitos de extorsión y falsedad genérica.
Pues asegura que mediante argucias y leguleyadas pretendieron exigirle repartir el dinero del consorcio, el cual estaba destinado para la ejecución de la obra. Asimismo, los acusa de tomarse atribuciones que no les corresponden.
Posteriormente, SATEC denunció a Israel Sánchez, representante de IRPM Latam, por los presuntos delitos de usurpación y apropiación ilícita. Para ello argumentaron que la empresa peruana asumió sola la administración del proyecto y separó a los representantes de SATEC de manera maliciosa.
Asimismo, indica que SATEC es la empresa que ha ejecutado y financiado la obra de cerca de 8 millones de soles, y presenta facturas de hasta tres empresas por un monto promedio de 80 mil dólares y la garantía de fiel cumplimiento por 200 mil soles.
Al respecto, IRPM Latam alega que la empresa ecuatoriana hizo una baja inversión, pero el grueso del financiamiento se ejecutó por la empresa peruana.
Sobre el tema, los representantes de Petroperú indicaron que la obra deberá ser entregada a inicios de la próxima semana para proceder con su inmediata inauguración. Los petroleros señalaron que los conflictos del consorcio deberán ser resueltos de manera interna entre los socios.
