El Gobierno de Pedro Castillo ya tiene listo el proyecto de ley que penaliza la filtración de información fiscal.
“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es publico y no hay reserva”, informó en conferencia de prensa Aníbal Torres.
“Sucede en la actualidad que en las investigaciones la información reservada se da conocimiento rápidamente al público. A veces seleccionado información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso un proyecto de ley a fin de que esa forma de prácticamente comercializar la información penal reservada termine. Y sea sancionada hasta en algunos casos con cuatro años de pena privativa de la libertad”, agregó.
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Este proyecto de ley se anunció con anticipación por el ministro de Justicia, Félix Chero, el pasado 13 de junio. El titular del Minjus aseguró que con la medida se busca “proteger” la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, “en lo absoluto”, se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
ANP rechaza proyecto de ley del Minjusdh
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) consideró como un “potencial riesgo” la iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de promover un proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtren información a la prensa de sus aspirantes a colaboradores cuando se trata de casos en reserva.
El secretario general de la ANP, Renzo Chávez, indicó que la iniciativa del Ejecutivo pone en estado de vulnerabilidad a las fuentes, algo que va en contra de lo planteado por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos respecto de proteger a quienes faciliten información.
Según indicó la ciudadanía tiene el derecho a estar informada en cuanto a casos que involucren a funcionarios que incurran en actos de corrupción y que ya existe jurisprudencia respecto a la difusión de información privada cuando está en juego el interés público o un tema que afecte o tenga repercusión directa en la sociedad.
“Todos los casos de corrupción en los que la ciudadanía tiene una participación activa, hay movilizaciones que están generando decisiones que están repercutiendo en el accionar justamente de la Fiscalía y el Poder Judicial, han sido logradas gracias a que, a través de los medios de comunicación se ha difundido esta información que surge también de colaboraciones eficaces”, sostuvo.
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