El Poder Judicial ordenó que tres suboficiales de la Policía Nacional sean recluidos en el penal de Piura mientras afrontan una investigación por concusión y fraude procesal en perjuicio del Estado. La decisión alcanza a Bryan Smith Maza Cagallaza, Leandro Juniors Jocope Almestar y Jorge Armando Martínez Álvarez, a quienes se les atribuye haber detenido y acusado falsamente a un joven para luego exigirle dinero a cambio de su liberación.
El Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura aceptó el pedido fiscal y dictó 10 meses de prisión preventiva, tras considerar que existían elementos suficientes que vinculan a los agentes con el presunto hecho de corrupción.
Otros dos policías seguirán el proceso bajo comparecencia
En el mismo caso, un suboficial de tercera y un alférez enfrentarán la investigación en libertad, aunque con restricciones. Esto, debido a que habrían firmado documentos relacionados con la intervención policial. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios continúa reuniendo pruebas respecto a su participación.
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Detención irregular y presunta exigencia de dinero
Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de junio de 2025, cuando los agentes intervinieron al ciudadano G.C.H.S. en una esquina del distrito de Tambogrande. Según la investigación, lo acusaron sin sustento de portar un celular robado, pese a que el equipo tenía procedencia legítima. No existía flagrancia, requisitoria ni fundamentos para realizar un control de identidad.
La denuncia indica que los policías le habrían solicitado S/ 1450 —entregados en dos momentos— para permitirle salir de la comisaría. Tras presentar la queja formal, se inició una operación que permitió intervenir a los investigados en Sullana, Tambogrande y Talara el pasado 22 de noviembre.
Fiscalía continúa las diligencias
La investigación busca determinar la responsabilidad individual de cada agente involucrado y establecer si existió coordinación para fabricar la acusación y exigir el pago ilícito. El caso permanecerá en manos de la Fiscalía Anticorrupción de Piura, que sostiene que los hechos configuran un grave abuso de autoridad.
