La presidenta Dina Boluarte fue denunciada constitucionalmente ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso por las muertes que dejó la represión militar y policial durante las protestas en contra de su mandato. A esta se le suman los delitos por homicidio calificado y lesiones graves que afrontan exministros de su cartera.
La congresista cusqueña Ruth Luque elevó la denuncia, el último martes 3 de enero, en contra de Boluarte, Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes. En paralelo, las protestas en Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua y Ayacucho retomaron su curso.
La denuncia
Según el documento, los denunciados habrían incurrido en una infracción en contra de la Constitución. A las figuras políticas les atribuye el paso por alto de cinco artículos que se resumen en la protección de la vida e integridad.
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La denuncia constitucional establece la infracción de los artículos 1, 2, 39, 44 y 118 (inciso 1). Particularmente, el artículo 44 establece que la actual jefa de Estado tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos.
Sin embargo, y en sintonía a lo que motivó esta denuncia, durante el estado de emergencia fueron asesinados ciudadanos, 22 para ser exactos, incluso aquellos que no tuvieron participación en las manifestaciones, tal como se evidenció en Ayacucho.
El caso de Edgar
Edgar Prado, un fallecido mecánico ayacuchano, es uno de ellos. De acuerdo al video difundido por la agencia Reuters, la víctima habría recibido un disparo a quemarropa cuando se encontraba auxiliando a un herido, a pocos metros de su casa.
«El ha sido asesinado por parte de los militares o de parte de los militares«, denunció la hermana de Edgar. Quien, además, aseguró que su hermano no participó de las manifestaciones, pues solo habría salido de su vivienda tras escuchar los disparos.
El turno de los exministros
Además de haber ido en contra de la Constitución, Luque denuncia a los exministros Angulo, Otárola y Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves.
La legisladora de Cambio Democrático asegura que «contribuyeron en la perpetración de los ilícitos, en su condición de autores mediatos, al ser parte de la estructura y aparato de poder y tener superior dominio de la decisión de la intervención de la Policía y Fuerzas Armadas».
