La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la Municipalidad Distrital de Montero, en Ayabaca, relacionadas con el pago de servicios técnicos que ya habían sido contratados previamente para la ejecución de una carretera. Esta situación generó un perjuicio económico al Estado por un monto de S/33,600.
El caso está vinculado con la reformulación del expediente técnico de una obra vial que ya contaba con información técnica disponible, según lo indica un reciente informe de control.
Municipalidad de Montero pagó por servicios ya realizados
De acuerdo con el Informe de Control Específico N.º 012-2025-2-0450-SCE, al que accedió Diario Correo, la comisión encargada de la revisión halló que la Municipalidad Distrital de Montero otorgó conformidad y autorizó el pago por la elaboración de diseños hidrológicos, hidráulicos y estructurales, así como por el levantamiento topográfico y colocación de puntos geodésicos, pese a que estos trabajos ya habían sido realizados con anterioridad.
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Estos servicios, considerados parte del expediente técnico de la obra “Rehabilitación de la carretera departamental ruta PI-120 (Paraje Grande), Montero-Jililí (Oxahuay); tramo Montero-Jililí”, fueron requeridos nuevamente sin justificación técnica, según el informe. La comisión evidenció que no existía necesidad de contratar dichos trabajos nuevamente, y pese a ello se procedió con su validación y pago.
Irregularidades en contrataciones y perjuicio económico
El informe de la Contraloría detalla que las contrataciones cuestionadas fueron menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo cual permitió que se beneficien dos proveedores con la validación de servicios presuntamente simulados. Además, se identificó que no se aplicó la penalidad correspondiente por el incumplimiento en el servicio de levantamiento topográfico, lo que incrementó el perjuicio económico.
“Tales hechos ocasionaron que, en estas contrataciones, iguales o menores a 8 UIT, se beneficie a dos proveedores, en la contratación de los servicios que aparentemente fueron utilizados para la reformulación del expediente técnico, los cuales se habrían simulado en su entregable, y el no cobro de penalidad […] generando un perjuicio económico total de S/33,600”, señala el documento oficial.
La Contraloría también precisa que el expediente técnico elaborado previamente por un consorcio ya contenía los diseños requeridos, los cuales no presentaban observaciones ni incumplimientos. “Los mismos que, de la comparación con los entregados por el proveedor para su pago, resultan ser los mismos, y sin que se haga alguna referencia de que tomarían parte o total información de un entregable anterior o realizado por el Gobierno Regional de Piura”, indica el informe.
