La Contraloría General identificó que 2,609 funcionarios designados en cargos de confianza en 289 entidades públicas a nivel nacional no cumplen o no acreditan cumplir con los perfiles establecidos en su Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y/o Clasificador de Cargos, de los cuales 99 corresponden al ámbito de la región Piura.

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Esta cifra representa el 34% de los 7,574 funcionarios designados en cargos de confianza de 332 entidades (25 gobiernos regionales y 307 gobiernos locales) intervenidas como parte del Operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales”, realizado del 22 al 26 de abril del 2019.

Esto significa que en el 87% (289) de los 332 gobiernos regionales y locales intervenidos se identificaron funcionarios de confianza que no cumplen o no acreditan cumplir con los perfiles, situación que debilitan el servicio meritocrático.

Situaciones adversas

  • En el 78% (259) de las 332 entidades visitadas, los legajos del personal de confianza carecen de documentación que sustenten los grados obtenidos por los profesionales, constancias de estudios, certificados de trabajos y declaraciones juradas, entre otros, incumpliendo la normativa. En algunos casos, los legajos se encuentran desactualizados.
  • En el 51% (169) de las 332 entidades intervenidas, se ha designado funcionarios de confianza por encima del 5% del total de trabajadores de cada entidad, incumpliéndose la normativa vigente.
  • El 32.5% (108) de los 332 gobiernos regionales y locales se han emitido o modificado los Manuales de Organización y Funciones (MOF), a partir del 2 de enero del 2014, a pesar de que estaban impedidas de hacerlo.
  • El 31% (103) de las 332 entidades intervenidas se designaron funcionarios de confianza en plazas no previstas en la normativa interna (Manual de Organización y Funciones – MOF, Manual de Perfiles de Puestos – MPP, y/o Clasificador de Cargos).
  • En el 3.3% (11) de entidades se identificaron 12 funcionarios de confianza que se encontraban registrados como sancionados en la Autoridad del Servicio Civil (Servir), estando impedidos de laborar en el sector público.

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