De acuerdo a información de la Contraloría General de la República, en la región Piura las irregularidades en obras públicas generaron un perjuicio económico de S/13.6 millones. En ese sentido, en Ayabaca se han identificado cinco obras con presuntas deficiencias.
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Según el informe de Control Específico Nº 015-2024-2-0450-SCE, se han hallado irregularidades en servicios de transitabilidad vehicular entre los centros poblados de Chilín y Lanche. Las obras están a cargo de la Municipalidad de Ayabaca y tiene una inversión de S/ 5 millones.
Como situación adversa se observó que el municipio otorgó conformidad y pagó por servicios de corte de roca fija. Esto sin haberse acreditado la efectiva prestación del servicio, y pese a ejecutarse trabajos incumpliendo lo establecido en el expediente técnico y términos de referencia.
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En consecuencia, se halló un perjuicio económico de S/ 57 626, además de afectar la calidad de vida de la población beneficiaria.
Otra obra sobre la cual se hallaron irregularidades es en la recepción y liquidación de la obra de recuperación de camino vecinal en PI-676 (Emp. PI-110) – La Arcana – San José de Calvas. Este proyecto estuvo a cargo de Gerencia Subregional Luciano Castillo Colonna con una inversión de S/ 15 millones.
La Contraloría determinó que la recepción de obra que no se encontraba culminada. Además, se aprobó la liquidación sin descontar el total de los metrados no ejecutados y sin la aplicación de la penalidad por mora. Todo ello ocasionó un perjuicio económico de S/ 1 694 482.
Asimismo, desde la Contraloría indicaron que realizan diversos controles a obras como el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana en Ayabaca y Huancabamba con una inversión de S/42 millones. Así como también con la reconstrucción del centro de salud I-4 en Paimas, rehabiltación de la ruta departamental Montero-Jililí.
¿Cuánto cuesta la corrupción en Piura?
La corrupción e irregularidades en las obras públicas le continúan constando dinero a todos los piuranos. La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/13.6 millones en proyectos estatales hasta junio del 2024.
Además, identificaron a 145 funcionarios públicos como presuntos responsables. De este total, 83 son de tipo penal, 74 administrativa PAS sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General. Otros 41 trabajadores estatales presentan responsabilidad civil y 36, administrativa.
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