La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura iniciará supervisiones al proceso de matrícula escolar 2018 en Piura. Esto a fin de garantizar el libre acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades.
Para ello, la Defensoría recordó a los directores de las instituciones educativas (I.E.) y padres de familia, que la matrícula escolar no está condicionada a cobro alguno o pago previo, tampoco a la exigencia de requisitos o la presentación de documentos, debiéndose garantizar una educación básica obligatoria y gratuita.
Según cifras de la Oficina Defensorial de Piura, en los últimos cuatro años se han registrado 79 casos sobre vulneraciones al derecho a la gratuidad de la educación pública, generados por cobros ilegales, como: útiles o materiales educativos, pago de docentes, textos escolares, o gastos administrativos.
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Es común encontrar afectaciones al derecho a la educación pública gratuita por condicionamientos al pago previo de la cuota de Asociación de Padres de Familia (Apafa), que este año no puede superar los 62.25 soles (1.5 UIT)
La entidad defensora de los Derechos Humanos en la región, recordó que las instituciones educativas públicas y privadas tienen la obligación de separar, por lo menos, dos vacantes por aula para estudiantes con discapacidad, situación que no se ha cumplido y es corroborada en múltiples supervisiones defensoriales.
Supervisarán infraestructura educativa
La infraestructura educativa será también materia de supervisión pues en la última década se han presentado 453 casos de insuficiente e inadecuada infraestructura educativa, en la región Piura.
Se sabe que se ha aprobado un monto nacional total de 378 millones 201,130 soles para ejecutar el Programa Anual de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares, así como se ha asignado 5 millones de soles para acondicionar la infraestructura para la mejora de la accesibilidad, adquisición de material pedagógico específico para la atención de estudiantes con discapacidad.
El 22 de enero habrá una reunión con la Dirección Regional de Educación, Ministerio Público, Indecopi y Defensa Civil, para propiciar estrategias de intervención en la gestión de riesgos de desastres en las instituciones educativas públicas y privadas de la Región Piura.
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