Piura necesita recuperar una política de promoción de la minería formal y mejorar el uso de los recursos provenientes del canon y la tributación minera, sostuvo Iván Arenas, gerente de Diálogo Social y especialista en minería e hidrocarburos, durante una entrevista con Walac Noticias.
Arenas señaló que enfrentar la minería ilegal requiere una estrategia integral que vaya más allá de operativos aislados. Propuso fortalecer la coordinación entre el Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, además de incrementar los recursos y mejorar los equipos humanos de estas instituciones.
El especialista también cuestionó los resultados del proceso de formalización y advirtió sobre el uso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) para, según sostuvo, camuflar producción ilegal dentro de actividades informales o en proceso de formalización. Ante una eventual ampliación del registro, planteó su depuración y una mayor fiscalización.
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Asimismo, consideró necesario reforzar el control de las plantas de procesamiento y aplicar una estrategia territorial que permita intervenir los corredores económicos vinculados a la minería ilegal.
Sobre Piura, Arenas sostuvo que la región debe impulsar una política de promoción de inversiones mineras formales, reduciendo trabas administrativas y fortaleciendo la prevención de conflictos sociales. Destacó que la minería formal genera tributación y canon, además de dinamizar actividades económicas locales, por lo que planteó mejorar la gestión de estos recursos para convertirlos en obras y servicios que contribuyan al desarrollo y a una mejor calidad de vida en Piura. Asimismo, destacó la capacidad y experiencia de las empresas mineras formales para generar alianzas con el Estado y con otros sectores productivos, como la agricultura, a fin de promover el desarrollo sostenible de los territorios.
El especialista también señaló que la minería ilegal puede generar riesgos para los proyectos formales cuando ocupa concesiones o desarrolla actividades en zonas vinculadas a operaciones mineras. En ese contexto, consideró que los gobiernos regionales deben contribuir a prevenir escenarios de conflictividad y fortalecer la fiscalización dentro de sus competencias.
Finalmente, el especialista planteó que Piura debe fortalecer la promoción de sus inversiones mineras y, paralelamente, mejorar la gestión de los recursos provenientes de la actividad extractiva.
Consideró que una mayor eficiencia en el uso del canon y la tributación minera permitiría traducir los ingresos generados por el sector en obras y servicios con impacto directo en la población.
