La situación legal de la regidora Patricia Aurelia Niño Febres se definirá en las próximas horas luego de que este miércoles concluya el plazo de siete días de detención preliminar que se le impuso como parte de las investigaciones por el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle.
La medida también alcanza a William Hernán Tezén Gonzales, conocido como «Pochola«, a quien se le investiga por su presunta participación en el mismo caso. Corresponderá al Ministerio Público determinar si solicita nuevas medidas restrictivas, una ampliación de la detención o un pedido de prisión preventiva.
Fiscalía y Divincri continúan con las diligencias
Mientras se acerca el vencimiento de las detenciones, equipos especializados de la División de Investigación Criminal (Divincri) y representantes de la fiscalía mantienen una serie de diligencias orientadas a esclarecer el crimen ocurrido el pasado 21 de mayo.
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Las investigaciones incluyen el análisis de declaraciones y el cruce de información. Así como la recopilación de elementos que permitan establecer las responsabilidades de los involucrados en el atentado que acabó con la vida de la autoridad distrital.
Declaración de interno forma parte de la investigación
Uno de los elementos considerados dentro del proceso es el testimonio de un ciudadano venezolano recluido por otro delito. Él aseguró ante las autoridades que, meses antes del crimen, la regidora le habría solicitado realizar labores de seguimiento al alcalde.
Según su versión, recibió dinero para ejecutar dicho encargo, aunque sostuvo que nunca llegó a concretarlo y posteriormente perdió contacto con la concejal. Estas afirmaciones continúan siendo materia de investigación y verificación por parte de las autoridades competentes.
También vence detención de alias «Pochola»
Este miércoles también finaliza la detención preliminar de William Hernán Tezén Gonzales, alias «Pochola«, a quien se le capturó durante un operativo realizado en el distrito de Veintiséis de Octubre.
De acuerdo con las pesquisas preliminares, el investigado habría desempeñado un papel de apoyo logístico para los responsables del ataque. Las autoridades lo vinculan con el presunto suministro de refugio y asistencia a quienes habrían participado en el atentado.
Investigación sigue en marcha
Hasta el momento, cinco personas investigadas por este caso permanecen recluidas en los penales de Piura y Sullana tras las disposiciones judiciales emitidas en las últimas semanas.
Las autoridades continúan desarrollando diligencias para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan.
